Acceso a la información pública
La institucionalidad de la República/ Estado Plurinacional retrocede día a día y ello se expresa en diferentes datos: la multiplicación de burócratas en la administración pública, la mayoría de los cuales no ingresa por concurso de méritos; interinatos de más de un lustro en entidades fundamentales para el funcionamiento de un país; el gasto descontrolado en propaganda política.
Entre los quiebres más lamentables está el acceso a la información pública. Bolivia es una de las tres naciones en el continente que no cuenta con una ley para garantizar el Derecho Constitucional a la Información. Está vigente el D.S. de Acceso a la Información aprobado hace 11 años, en junio de 2005, pero ni siquiera aquella norma es cumplida.
Paradójicamente, los llamados Gobiernos neoliberales abrieron más la información pública a través de diferentes medidas. Por ejemplo, hace 22 años, la Ley de Participación Popular otorgaba la facultad a los Comités de Vigilancia para conocer los gastos en los municipios. La Ley del Diálogo creó el Mecanismo de Control Social, por el cual las organizaciones sociales conocían y podían dirigir los gastos de las prefecturas que recibían los recursos Hipic.
Jorge Quiroga fue el vicepresidente más activo en modernizar la administración estatal fomentando el gobierno electrónico. Fue el primer gran paso --hace ya 16 años-- para que los ministerios tengan portales con datos sobre su trabajo. Un ejemplo notable fue la Contraloría del Estado que publicaba incluso los cheques emitidos y cobrados en diversas entidades públicas; era el ejemplo de institucionalidad despolitizada.
La diputada suplente Susana Peñaranda de del Granado propuso ¡a fines del siglo pasado! normas para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública. Sin embargo, los sucesivos parlamentos no fueron capaces de completar esa iniciativa. El Movimiento Al Socialismo tuvo mayoría desde hace una década pero no supo abrir la información estatal.
La Asociación de Periodistas de La Paz presentó al Senado un proyecto basado en la Ley Modelo de la OEA para dar accesibilidad a los archivos públicos. Un proyecto moderno que supera las viejas discusiones sobre lo reservado o lo secreto. Es un proyecto para tener una ley corta, simple y muy fácil de aplicar, que ni siquiera modifica otras normas.
La APLP espera desde hace tres meses que el presidente de la Cámara Alta, José Alberto González, que ocupó puestos en medios de comunicación, acuse recibo y se anime a agendar el debate. Mucho ganará él, el Gobierno y el país si se firma esa ley.
La autora es periodista.
Columnas de LUPE CAJÍAS
