Remiten a Cancillería el caso Solón y Archondo
LA PAZ |
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional entregó hoy a la Cancillería la carpeta de antecedentes del caso Pablo Solón Romero y Rafael Archondo para que esa instancia determine si el proceso continuará en la vía administrativa o penal.
"Después de hacer un análisis y valoración jurídica, se ha tomado la decisión de remitir los antecedentes del proceso (...) al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea esta instancia la que lleve los procesos administrativos o judiciales, según vea conveniente en contra de estos exservidores que han cometido actos irregulares y la fecha se encuentran en una amplia campaña internacional en busca de la impunidad por sus actos", dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Remarcó que esta investigación surgió porque Solón Romero, en su condición de embajador saliente de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), nombró el 19 de enero de 2011 a Archondo como su sucesor.
Pero en la "estructura jurídica de nuestra nación es el Presidente del Estado quien nombra a los representantes permanentes y a los embajadores en todo el contexto internacional. Entonces el hecho de que un embajador saliente haya nombrado directamente a un supuesto nuevo embajador (...) es un delito", aseveró.
Por tanto -según el ministro- estamos frente a un caso de nombramiento ilegal y esa situación está penada por el ordenamiento administrativo y por la vía penal.
Agregó que meses después, Archondo se acreditó como represente boliviano ante la secretaria general de Naciones Unidas.
"De acuerdo una comunicación, firmada por Archondo y que se emitió el 31 de octubre de 2011, esta persona se dirigió a la secretaría general de Naciones Unidas y mediante esa carta se acreditó como embajador y represente permanente de Bolivia ante la ONU, con sede en Nueva York, situación que no corresponde porque es una atribución exclusiva del Presidente, no solo en Bolivia sino en el mundo entero", manifestó.
Indicó que eso comprueba que Archondo ejerció "indebidamente un cargo" para el cual no fue nombrado correctamente.
"Esta es la realidad de estas dos personas, aquí no hay ninguna intencionalidad política y nosotros no somos mercenarios de nadie, respetamos profundamente a estas personas que han servido al Estado pero bajo la línea de transparencia en la que nosotros nos movemos, cuando hay evidencia contundente como en este caso, entendemos que se tiene que llevar adelante los procesos administrativos o judiciales que sean necesarios", insistió.
Además, el ministro confirmó que la denuncia sobre este caso inicialmente fue presentada el 2016, cuando él todavía no ocupaba su actual cargo en esa cartera de Estado.
"Lo único que nosotros hicimos es dar continuidad. Lamentamos profundamente la campaña internacional que estas personas iniciaron pretendiendo enlodar o manchar la imagen del Estado boliviano, estas dos personas son vinculadas a organizaciones no gubernamentales, pero en ninguna parte del mundo se puede pretender la impunidad en base a campañas y acciones internacionales", apuntó.
