Conisur se arroga pases para ingresar al Tipnis

Los dirigentes afines al Gobierno de tres subcentrales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) deciden “quién entra y quién no” a la reserva natural, sostuvo ayer el presidente de la Subcentral del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Eladio Roca.  

“Cualquier ingreso de extraños se va a prohibir. No es permitido”, manifestó Roca. Añadió que él, Domingo Nogales y Carlos Fabricano deben autorizar el ingreso al Tipnis.

Mientras la Gobernación de Beni difunde a través de un video la invitación al acto oficial de promulgación que será el próximo domingo 13 de agosto, los indígenas que defienden la reserva natural afirmaron que se trasladarán hasta Trinidad para rechazar la promulgación del proyecto de ley que abroga la intangibilidad del Tipnis.

El exdirigente indígena Fernando Vargas confirmó ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la nueva norma.

“Si se quiere entrar al territorio hay que agendar (el ingreso), nosotros somos los dueños quienes tenemos que decidir quién entra, quién no entra. No estamos queriendo decir que está prohibido ingresar al territorio, está todo en mesa para poder dialogar”, afirmó Roca en una conferencia de prensa en la Gobernación de Cochabamba.

Después de negar el ingreso a la caravana de autoridades y medios de comunicación el pasado miércoles, sostuvo que para visitar el Tipnis se debe acordar con los dirigentes Domingo Nogales, Carlos Fabricano y Eladio Roca. “Esos tres compañeros tenemos que socializar para poder ingresar al Tipnis y no sólo ir a sacar fotos de los puentes que se están construyendo”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, Mauricio Huaqui, afirmó que cualquier comisión que ingrese a la zona debe coordinar previamente con los dirigentes.

Roca también indicó que los comunarios tienen la susceptibilidad de que los medios de comunicación publiquen información tergiversada.

La caravana que estaba conformada por la asambleísta Lizeth Veramendi, el diputado Eduardo Valdivia y trabajadores de la prensa fue interceptada por colonos del Conisur, quienes bloquearon el puente Isinuta.

La asambleísta Veramendi cuestionó la postura de los colonos y señaló que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la libertad de transitabilidad, durante la conferencia de prensa que ofrecían los representantes del Tipnis.

La CPE señala en su artículo 21, como uno de los derechos civiles, la “libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”.

Los indígenas que demandan el respeto a la Ley 180 de Intangibilidad del Tipnis se trasladan a Trinidad para rechazar la promulgación de la norma 266 que le quita su calidad de ‘intangible’ y anuncian que los conflictos que se puedan presentar serán responsabilidad del Gobierno. También manifestaron que resguardarán su hábitat con arcos y flechas, de ser necesario. No descartan realizar otra marcha.

“Como está de ida el Presidente a la ciudad de Trinidad, allá lo vamos a ver, con nuestros hermanos, de lo que pase será el culpable el Presidente”, advirtió la presidenta de la Subcentral de Mujeres del Tipnis, Marqueza Teco, que junto a otros indígenas se movilizó en La Paz para evitar que el Legislativo apruebe la ley.

A su vez, el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Adhemar Mole Silaipi, expresó que las comunidades del parque velarán la integridad del territorio con lo que tengan a su alcance.

“El pueblo mojeño lo decidió, si es necesario llegar a La Paz con una marcha, lo vamos a hacer. Eso vamos a definir mañana (hoy)”, anunció Mole desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en La Paz.

En tanto Teco dijo: “Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar a este Gobierno que nos traicionó, que nos ha matado. Nosotros ahí vamos a estar de pie, de frente. Yo voy a estar delante de mis hermanos”.

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, informó que el acto para la promulgación de la nueva ley está previsto para el domingo a las 7:30 en el coliseo Plantillo Volador de la ciudad de Trinidad.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño informó ayer que la disposición transitoria de la ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure - Tipnis, da un plazo de 180 días para la elaboración de tres documentos en consenso con las autoridades.

En una entrevista con la Red ATB, Montaño explicó que los pueblos indígenas en coordinación con las autoridades competentes deben elaborar un plan de protección al Tipnis, un plan de transporte integral y una agenda de desarrollo.

Añadió que los ministerios competentes deben coordinar con los representantes de los pueblos indígenas para evitar cualquier conflicto en la elaboración de los planes.  

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El exdirigente indígena Fernando Vargas confirmó ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que abroga la Ley 180 de intangibilidad de esa región.

“Estamos esperando que se promulgue la ley para tomar una acción de inconstitucionalidad, porque sabemos que vamos a tener una respuesta negativa en el Tribunal Constitucional presentaremos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó a ABI.

Por otra parte, Vargas abrió la posibilidad de promover un referendo contra la ley de protección del Tipnis y la Ley General de la Coca.

“El referendo será a nivel nacional, porque el parque nacional es de todos los bolivianos, lo vamos a hacer porque el pueblo dirá si las leyes benefician al país y eso lo haremos con todas las organizaciones activas de los pueblos indígenas”, señaló.

Vargas agregó que esa iniciativa de consulta ciudadana se afinará en la reunión convocada para el viernes por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños. La oposición también analiza la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma que ya fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores en grande y en detalle.