Las garantías constitucionales

En atención al décimo aniversario de promulgación de la Constitución Polìtica del Estado, en el análisis efectuado consta el predominio de opiniones que consideran encomiables las disposiciones concernientes a los derechos humanos. Es sin duda la sección más alabada por los estudiosos del Derecho Constitucional.

Expuestos en detalle todos esos derechos, figuran luego los deberes de los bolivianos. En ese ámbito, después de expresar  la obligación que todos tienen de cumplir  y hacer cumplir la Constitución y las leyes, se hace hincapié en la exigencia imperiosa de respetar y promover los derechos reconocidos en ella. Es inevitable señalar que no sólo los ciudadanos del común sino también los gobernantes están obligados a actuar en ese sentido.

Señalados los deberes de todo ciudadano, en el indicado primer análisis se mencionó que, posteriormente, se haría referencia a las garantías jurisdiccionales  establecidas para  protección de los derechos humanos. En ellos se expresa que los derechos reconocidos en la Constitución gozan de  garantías para su protección, pues, en efecto,  si no se hubieran expuesto tales garantías, los  derechos humanos pasarían a ser sólo un sueño.

En dichos artículos se destacan los que garantizan el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia pronta, oportuna y transparente; los que garantizan que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer las facultades y derechos que les asistan;  los que declaran que toda persona será protegida por los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; los que señalan que todos serán oídos por una autoridad jurisdiccional independiente e imparcial.

No hubo nunca voluntad de cumplimiento de las disposiciones sobre garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral y, en general, de todos los sectores del sector público, pues todas fueron ignoradas o sustituidas por prácticas que implican desconstitucionalización.

El autor es abogado