¡Orden!

Con suficiente respaldo se ha desatado en los medios de comunicación la difusión cotidiana, tenebrosa y confusa, de casos de narcotráfico vinculados con las altas esferas del gobierno y la Policía Boliviana. El origen de esta etapa fue el descubrimiento de que el ex comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, varias veces ratificado en el cargo pese a las purgas que se hicieron en la cúpula, viajó, “para hacerse curar”, a una conocida isla del Caribe, más conocida por tener bancos off shore y lugares de veraneo que como centro de salud.

Al margen de los vínculos con el narcotráfico, la sucesión de las denuncias parece responder, además, a duras pugnas internas dentro del gobierno y el MAS frente al deterioro cada vez más evidente de la gestión de la administración estatal, volcada a promocionar la inconstitucional candidatura Morales-García. Es decir, las denuncias de los casos de narcotráfico parecen filtrarse de varios niveles de la estructura gubernamental y masista para afectar y favorecer a unos y a otros –personas y tendencias–, más aún si se observa con detenimiento las fotografías que las acompañan, en las que posan importantes autoridades del Estado con ahora conocidos ciudadanos dedicados a traficar droga ilegal.

Es más grave aún cuando, gracias a esas filtraciones, se va develando la existencia de sólidos lazos de estos narcotraficantes con funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial Plurinacional, instancias que, de acuerdo al ministro de ¿Justicia?, son ejemplares en el mundo gracias a las reformas que, hay que ser justos, él ideó, ejecutó y las puso al servicio del gobierno en funciones.

Pero, la realidad es que desde la aparición de las primeras denuncias a estas alturas del tiempo hay total confusión en la gente que sigue los hechos pues, como en las radionovelas del escribidor de Vargas Llosa, los personajes se repiten en casos distintos o aparecen nuevos en casos ya conocidos.

Por eso, es tiempo de pedir orden (no hay que olvidar aquello de que para hacer pasar desapercibido un elefante hay que llenar de elefantes el lugar). Eso exige que los medios de comunicación, especialmente los periódicos, asuman el trabajo de sistematizar la información, aclarando a sus lectores, hombres y mujeres, el estado de la investigación de cada caso denunciado, las interconexiones existentes, los juicios que se han interpuesto, las imputaciones que se han hecho, las autoridades del Estado involucradas, los homenajes que muchos de los acusados de narcotráfico recibieron de parte de entidades estatales, los “consorcios” de abogados, fiscales, jueces descubiertos (y sus respectivos contactos con autoridades estatales), el funcionamiento de las agencias internacionales de represión al narcotráfico o al delito en general, etc., etc.

Debo advertir que toda esa información ya ha sido difundida a través de los medios, pero es necesario que la sistematicen, pues de esa manera la gente podrá confirmar si la promesa de las autoridades de procesar y sancionar a los culpables se cumple, o, como ha sucedido en la mayoría de los casos, más bien ayuden a que los imputados que sean adherentes al partido se mantengan en el reino de la impunidad.

Más importante aún, ese trabajo de sistematización ayudaría a que el país conozca cuáles son, en verdad, los niveles de infiltración del narcotráfico en el Estado, condición básica para, por un lado, diseñar una política responsable al respecto con posibilidades de éxito y, por el otro, establecer acuerdos con la comunidad internacional que hoy, como en los finales de las dictaduras militares, observan con preocupación la creciente influencia del narcotráfico en la administración del país.

Y bien harían los candidatos legales que terciarán en octubre próximo elaborar una clara estrategia sobre este fenómeno antes que realizar declaraciones improvisadas, pues, más temprano que tarde, tendrán en sus manos la tarea de aplicarla.

El autor fue director de Los Tiempos