Más coca, más cocaína, más narcos

Está en los archivos de la historia el programa televisivo estadounidense que reveló con detalles la relación de militares bolivianos con el tráfico de estupefacientes. En 1980 se llamó el “golpe de los narcos” a la asonada sangrienta que interrumpió el proceso democrático. Sus protagonistas fueron condenados por la violación de los derechos humanos pero, salvo un caso, no hubo sentencia por sus delitos comunes; es más, varios cobran todavía sus rentas –como todos los jubilados de las FFAA– con el 100% de sus salarios.

La relación de la cocaína con el poder político boliviano no era nueva, comenzó justamente en otras etapas de dictadura y continuó con diferentes expresiones a lo largo de los años, incluyendo la oferta de un alto capo para ayudar a las finanzas públicas en tiempos de crisis. El momento de reflexión colectiva sucedió después de los asesinatos en cadena en el llamado caso Huanchaca.

También supimos en los años ochenta que bandas como los “novios de la muerte” aglutinaban atentados, ideologías violentas y tráfico de drogas entre Bolivia y Europa. Recién en la siguiente década se conoció que la tentación llegó a la izquierda latinoamericana, incluyendo los más revolucionarios.

La prensa denunció diferentes hechos y también durante al menos 25 años defendió al eslabón más débil de la transnacional más poderosa del mundo, los productores de coca del trópico cochabambino. Formó comisiones y alentó investigaciones sobre los excesos de la DEA estadounidense y de su doble moral.

Quizá fue un enorme error estratégico, inocente, pero con repercusiones terribles a la luz que da el tiempo, que todo lo devela y aclara.

Desde 2006 gobierna en Bolivia el máximo dirigente cocalero del área cuestionada, Evo Morales Ayma, y desde entonces (con algunos subibajas) aumenta la producción de coca. La persecución a los rivales legales en el área tradicional de los Yungas paceños es implacable y feroz, como no fue en decenios pasados.

La trampa contra Franclin Gutiérrez es otra de las grandes perversidades del Estado Plurinacional que no sensibiliza a la Comisión de la Verdad ni a ninguna entidad defensora de los derechos humanos desde el Estado. Ahora protegen al victimador.

La producción de cocaína es cada vez más sofisticada, además de otros estupefacientes y plantaciones de marihuana. El involucramiento de los diferentes niveles del Estado horroriza ante la historia reciente de Colombia, de México y también de países asiáticos. Las drogas tienen el poder de disolver a las sociedades más ingenuas.

Los nuevos casos nos revelan, además, cómo la justicia que persigue a Gutiérrez apaña a los acusados de narcotráfico de alto vuelo, disfrazados de policías, de empresarios, de dirigentes deportivos. Los rostros que salen en las pantallas, seguramente por una pelea entre ellos, no son ya los de los traficantes de mostachos y collar de oro, son gorditos, usan lentes, visten fino lino.

El futuro gobierno que reemplazará al actual debe comprometerse, en sus programas y desde su primer día de gestión, en el combate frontal a esta delincuencia internacional, favorecida por la corrupción, su hermana gemela.

No es ya un asunto económico, de relaciones norte sur o de división del trabajo –menos, de moral– es de esperanza en una nación de bienestar o morir en un estado putrefacto.

La autora es periodista