Expertos ven 3 riesgos en sentencia que limita la huelga de los médicos
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que señala que los médicos no pueden hacer huelgas indefinidas y que da dos años de plazo a la Asamblea Legislativa (ALP) para que legisle esta medida, genera tres riesgos colaterales, aseguraron dos juristas expertos.
Los abogados constitucionalistas César Cabrera y Williams Bascopé explicaron que esta disposición limita el derecho a la protesta establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), que puede tener un efecto “dominó” para otras manifestaciones, y no otorga obligaciones al Estado, pero sí a un sector de la sociedad.
Cabrera explicó que el derecho a la huelga tiene límites, como todos los derechos, y que incluso algunos países restringieron este derecho en áreas fundamentales como la salud o el transporte.
“Pero en estos países donde se ha limitado el derecho a la huelga, ocurre que el Estado les brinda tratamientos privilegiados en cuanto a lo económico y dotación de insumos e infraestructura, de modo que estos sectores no se ven obligados a ir a huelgas o paros. Entonces, en Bolivia se limita el paro, pero no se obliga al Estado a dar condiciones para evitar un paro”, explicó.
Aseveró que se trata de una sentencia incompleta, porque pretende favorecer al Estado y no le obliga a nada, sino que, para disimular, la resolución dice que el Estado debe atender con preferencia los reclamos de los médicos. “Pero es una declaración lírica porque el Estado podrá decir que ha convocado para dialogar y con eso cumplen la sentencia, y no se trata de eso”, explicó.
Para Bascopé, ésta es una sentencia que va a sentar precedente, ya que, por un lado, puede ser favorable para algunos temas respecto a garantizar derechos por parte del Estado, pero, por otro, se limita el derecho a la protesta.
De acuerdo con Bascopé, el TCP manifiesta que los derechos fundamentales también tienen sus limitaciones en ciertas circunstancias y que toma ciertos mecanismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se indica que la función pública o ciertos servicios esenciales pueden recibir limitaciones que hagan a seguridad, salud u otros.
“El TCP ha puesto en una balanza indicando qué es lo importante: el derecho a la salud y el derecho a la protesta. Bajo esta proporcionalidad sobre la limitación, falla dando ciertas medidas”, indicó.
Acotó que si la huelga que se pueda declarar a partir de ahora no respeta los límites de esta sentencia, inmediatamente las autoridades podrán tomar las medidas de presión, como descuentos, despidos, denuncias e inclusive procesos penales.
18 días de huelga cumplen los médicos en demanda de la institucionalización de cargos, incorporación a la Ley de Trabajo.
EJECUTIVO, OBLIGADO A ATENDER DEMANDAS
La sentencia del TCP respecto al derecho de huelga establece que el Ejecutivo nacional, en este caso el Ministerio de Salud, está obligado a solucionar de manera inmediata el conflicto, señala el jurista Williams Bascopé.
“El Estado debe instalar (el diálogo) de manera inmediata a efecto de tratar las demandas. Le han obligado a conciliar las demandas razonables del sector, es decir, debe garantizar, pero atender también las demandas razonables”, mencionó.
Lo bueno —acotó— es que obliga a solucionar inmediatamente el tema de la salud con los sectores en conflicto.
MÉDICOS ACEPTAN DIÁLOGO, PERO MANTIENEN EL PARO
AGENCIAS
La Comisión Nacional de Salud (Conasa) y el Colegio Médico de Bolivia decidieron asistir al diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, pero sin levantar el paro indefinido, mientras no tengan respuesta a sus demandas.
En conferencia de prensa, los representantes de los galenos dieron lectura a la misiva que enviaron a Montaño en la que señalan que el diálogo se realizará el próximo lunes en Cochabamba.
En la carta, señalan que van “con la seguridad” de que el Ministerio brindará solución a sus cinco demandas, como señala la sentencia del TCP, y advierten que en caso de no llegar a un acuerdo mantendrán el paro indefinido.
Pero el Ministerio de Salud, amparado en el mismo fallo, exigió que los galenos suspendan el paro, lo que generó confusión en la interpretación de la sentencia.
