Acuerdo ante la comunidad internacional

La Constitución Política que nos rige, promulgada el 7 de febrero de 2009, fue en realidad redactada por un reducido número de personas. Debido a la posición adoptada por la mayor parte de los miembros de la Asamblea, pareció desde el principio que toda la propuesta de los proyectistas sería aprobada como que así sucedió. Solo en la última fase que fue la de revisión estalló el conflicto.

Hubo pleno respaldo por unanimidad para aprobación de las disposiciones concernientes a los derechos de los pueblos indígenas, a los relacionados a un medio ambiente saludable, a la salud y a la seguridad social, al trabajo, a la propiedad, a los derechos de la niñez, de las familias, de los ancianos, de las personas privadas de libertad, del derecho a la educación. 

También por consenso se aprobaron las disposiciones sobre el sistema de gobierno, en atención a lo cual quedó insertada en la Constitución la norma que declara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma participativa, representativa y comunitaria. Sobre esa base esencial se aprobó la regla que indica que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo Judicial y Electoral. Ese último agregado fue impuesto arbitrariamente por la mayoría.

Sin embargo, pese a esas normas básicas, debido a un fuerte respaldo a los criterios de los proyectistas, se aprobaron artículos destinados a impedir que los tradicionales Poderes Legislativo y Judicial se desenvuelvan en el marco de separación e independencia.

En la fase de revisión, cuando se llegó a la parte que hace referencia a la duración del período de gobierno hubo enfrentamiento de tipo doctrinal, jurídico y político. El sector mayoritario se pronunció en sentido de que se establezca como nueva regla la posibilidad de que el Presidente y el Vicepresidente puedan ser reelectos por tiempo indefinido sin limitación alguna.

Fue entonces que estalló el conflicto, hasta tal punto que la mayoría de los integrantes de la Asamblea Constituyente resolvió continuar sus sesiones en un recinto de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ante una reacción popular que resultó incontrolable, se disolvió la Asamblea Constituyente.

En Oruro se reunieron en Congreso los Senadores y Diputados integrantes del Poder Legislativo, en cuyo seno se presentaron representantes de los partidos políticos de la oposición. En esa instancia, después de largas deliberaciones se llegó a los siguientes acuerdos: 1.- El periodo de mandato del Presidente y del Vicepresidente será de cinco años, con posibilidad de reelección por una sola vez. 2.- Los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución serán tomados en cuenta a los efectos de los cómputos de los nuevos períodos de funciones. 

Durante los días de negociaciones, la comunidad internacional, a través de sus observadores, asistió a todas las reuniones en las que autoridades y opositores debatían los acuerdos. Su presencia fue vital para mantener en pie el diálogo. Estos fueron algunos de los participantes: José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA; Raúl Alconada, Representante del Secretario General de la OEA; Kenny Bell, Embajador Jefe de la Delegación de la Comisión Europea; Yoriko Yasukawa, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Bolivia;Federico de Araujo, Embajador del Brasil; Mauro Furián, Primer Secretario de la Embajada de Brasil; Fulvia Benavides, Embajadora de Colombia; María Cecilia Arboleda, Encargada de Negocios de la Embajada de Ecuador; Alfredo Tejada, Cónsul General del Perú en Cochabamba; Jorge Gómez, Ministro Consejero Encargado de Negocios de la Embajada de Argentina; Roberto Ibarra, Cónsul General de Chile; Juan Gabriel Valdez, Representante de la Presidente de Chile; Nigel Bacher, Embajador de Gran Bretaña; Pillippe Letrilliart, encargado de negocios de la Embajada de Francia. Como Iglesia Católica, Mons. Tito Solari y Mons. Edmundo Abastoflor; de la Iglesia Metodista, Freddy Cuevas; y el representante de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, Lucio Arias.

En consecuencia, queda claro que solamente los dos primeros períodos de gobierno del actual Presidente de la República son válidos. Por añadidura, constituye un atentado contra el principio de legalidad su actual condición de candidato a la función que ejerce en su tercer período en contra de los preceptos de la Constitución Política del Estado.

En atención a que el pacto de respeto al principio de legalidad fue acordado ante representantes de la Comunidad Europea y de la Americana, es incompresible la actuación de la OEA que ya permitió una vez que el acuerdo se incumpla y que, actualmente, ha incurrido en grave atentado contra el derecho de los bolivianos de vivir en un régimen democrático.

El autor es abogado