Después de las pititas, la ética y la política

La revolución de las pititas constituyó un episodio de tal trascendencia, que llegó incluso a rebasar nuestras fronteras constituyéndose en un hecho social merecedor de estudio por académicos.

Como todo fenómeno, la sociedad civil, en todos sus estamentos, supo autoorganizarse en un proceso de reivindicación democrática y moral, por la legalidad, acatamiento a la ley, institucionalidad y en contra del pillaje, hurto, saqueo del Estado, abuso de poder, control judicial y un largo rosario de anomalías que culminaron con la renuncia de los integrantes de la nomenklatura del exrégimen, exactamente en 21 días.

Un Gobierno con la fuerza y control de los cuatro órganos del Estado, lo menos que imprimía era un ejercicio de intimidación a quien no se sumaba o no era sumiso, lo que con el paso del tiempo fue hilvanando una suerte de hastío y repudio que terminó manifestándose en las gloriosas justas de octubre pasado.

A partir de la asunción del actual Gobierno, el desafío pasaba básicamente por mostrar la verdadera faceta de la democracia, esto es, cero corrupción, eficiencia en el manejo de la cosa pública, nada de nepotismo, ausencia de matonaje desde el ejercicio de la función pública, apego estricto a la ley, ausencia de favoritismo partidario en la designación de cargos públicos, respeto por el oponente político y, en definitiva, una forma de actuar y conducirse que demuestre una diferencia radical con lo que aconteció durante los últimos 14 años.

Era y es lo menos que podemos exigir quienes estuvimos en las calles, no solo en octubre defendiendo el voto, sino en todos los episodios que se registraron por los 2/3 cuando tocó tratar y aprobar la actual Constitución Política del Estado en la Asamblea Constituyente, o cuando en referéndum un 21F se dijo no a la reelección. Lo menos, digo, porque como sociedad civil merecemos un Gobierno que se ajuste a todos los parámetros que hacen de la democracia la mejor o sino la única forma de gobierno posible en sociedades civilizadas.

Y si bien ahora nos encontramos en un proceso de recomposición del Estado, proceso que tendrá su hito más importante el 3 de mayo, no menos cierto es que, luego de las pititas, lo que cabe es que ética y política vayan de la mano, no solo en la conducta de funcionarios públicos, sino en todo acto político y partidario donde esté en juego la sensibilidad de la gente y el respeto por el sacrificio que supo demostrar en las calles de forma valiente y audaz.

Ahora bien, se ha hablado mucho sobre la decisión de la Sra. Presidente de ir a la candidatura luego que, de inicio, había señalado que hacerlo no era lo mejor, y sobre la necesidad de constituir un bloque unido y único, que haga frente al voto duro del masismo.

Más allá de la primera llamada de atención que ha significado la encuesta hecha pública días atrás, lo que el elector valorará a la hora de emitir su voto será la forma cómo se conduzca el candidato de su preferencia y el partido que lo cobija, incluido, claro está, el Gobierno transitorio, en esa dicotomía “ética versus política”, y en las señales que puedan transmitirse de seriedad, mesura, talla y circunspección a la hora de plantear una propuesta o de ejercer un acto de gobierno.

Lo que el ciudadano vivió durante estos últimos 14 años respecto a la forma de conducir el Estado servirá de termómetro para que lo que venga, transitorio o no, deba ser radicalmente diferente a lo que se fue.

En este acápite, no existe media tinta ni espacio para la gambeta política. El régimen del MAS sirvió para conocer el modus operandi de políticos que utilizaron el Estado como forma de ejercer abuso de poder y de enriquecimiento ilícito, para que ahora, la transformación que el ciudadano aguarda, se haga esperar o simplemente no llegue, por una similitud –con el pasado reciente– de conductas, intereses y propósitos. No lo hagan.

El autor es abogado