Admiten acción popular contra la Gobernadora y asambleístas; Ejecutivo asistirá a audiencia
El Tribunal de Garantías Constitucionales admitió ayer la acción popular interpuesta en contra de la Gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, el presidente de la Asamblea Legislativa y 21 asambleístas de la bancada del MAS “por no atender el desastre sanitario, por negligencia, omisión de sus deberes y por negarse a realizar la declaratoria de emergencia sanitaria” por la pandemia, informó hoy el asambleísta Mario Orellana.
El pasado lunes, Orellana presentó la Acción Popular al Tribunal de Garantías y tras ser sorteada, cayó en manos de la Sala Constitucional Primera que fijó una audiencia para mañana jueves 23 de julio a horas 14:00.
“Para que los jueces, las autoridades competentes puedan tutelar estos derechos que permanentemente están siendo quebrantados, vulnerados y que a partir de las órdenes precisas que vayan a dar este Tribunal de Garantías, tanto la gobernadora como los asambleístas y por ende los alcaldes y el gobierno nacional puedan tomar las acciones que permanentemente hemos estado haciendo conocer”, indicó Orellana.
Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, José Hernán Gutiérrez, informó que, se asistirá a la audiencia programada para la tarde de este jueves.
“Lo que corresponde es asistir a la audiencia en la cual el asambleísta (Mario Orellana) tendrá que fundamentar de manera objetiva y concreta cuáles han sido los actos u omisiones que hubiese incurrido la Gobernación para vulnerar hechos colectivos y/o individuales que afecten a la salubridad”, manifestó.
Añadió que de momento no corresponde una declaratoria de emergencia sanitaria porque no se tiene un informe técnico del Sedes que sustente esta gestión y porque la Gobernación, actualmente, continúa atendiendo la emergencia con sus capacidades técnicas y financieras.
“La Gobernación asistirá a la audiencia y fundamentará las acciones que ha desplegado para la contención y mitigación de la pandemia, no ha vulnerado ningún derecho individual ni colectivo, por lo tanto considera que debería rechazarse esa acción popular”, concluyó.
La Acción Popular refleja cuatro puntos en su petitorio, entre ellos que se ordene al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba la inmediata consideración y aprobación del Proyecto de Ley Departamental de “Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Desastre Departamental”.
