Réquiem para el Estado

El Estado está ausente para imponer la ley. Todos los poderes del Estado que controlan la legalidad sucumben ante la conspiración del Movimiento al Socialismo ¿Tenemos que permitir vulneraciones abiertas a la Constitución y las leyes, amparadas en un derecho inexistente de protestar sin importar los derechos de los demás? Si los militantes del MAS se comportan como delincuentes ¿No se “inhabilitan” para el ejercicio de autoridad que pretenden?

Basta de humillaciones, la democracia no está por encima de la ley como supone el MAS, sólo dentro del respeto a la ley se garantiza el correcto ejercicio de la política.

El primer deber de las instituciones es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y por eso la Constitución atribuye la concreción de las normas a la función ejecutiva. El Poder Ejecutivo, El Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral son instituciones de la máxima importancia en el edificio jurídico del Estado, pero lo ponen en peligro cuando prostituyen su credibilidad institucional. Si el Gobierno, el TCP y el TSE, incumplen su deber de sancionar los delitos cometidos por el MAS despreciarán la dignidad de la voluntad del pueblo y atentarán, intencional y manifiestamente, contra el ordenamiento legal; cometerán un atentado a la confianza y fe públicas, desvirtuando sus propias leyes constitutivas y el fundamento de su propia existencia institucional.

El clima contrario al Gobierno, al TSE y al TCP se maximiza. El deterioro de la autoridad es acelerado y no podrá recomponerse si “negocian” a espaldas del pueblo los delitos del MAS, o si en lugar de la anulación de su personería y la abrogación de la ley 421, se les concede la “gracia” de una sanción pecuniaria. Serán decisiones prevaricadoras, no jurídicas. Así, condenarán al país a la repetición futura de los ilícitos penales, a más alardes de superioridad moral y a un mayor empoderamiento de Morales y del MAS, admitiendo, como consecuencia, su “derecho” a infringir la ley cuando quieran y donde quieran, como queda demostrado con los bloqueos y las apologías de convulsionar el país.

Nadie está por encima de la ley y ya es hora de actuar contra la cultura de la impunidad. El soberano reclama judicializar la política y no politizar la justicia. Urge la restauración de las instituciones y que estas tengan un comportamiento ejemplar y ejemplarizador, pues tienen un solo objeto: protegernos de los que nos gobiernan.

Hoy, la imprevisión y permisividad del Ejecutivo respecto de la violación de los derechos ciudadanos es la fuente de los problemas; la gestión gubernamental, débil en extremo, no tiene el respaldo popular del Supremo Soberano que la encumbró, porque deserto de su mandato. El Gobierno y los miembros del TSE y del TCP deben honrar su juramento. Si no restituyen su autoridad pueden provocar otra estafa antidemocrática.

Ante este nuevo escenario convulsivo provocado, la appellatio ad populum (llamado al pueblo) se hace imprescindible, para defenderlo.

El autor es abogado constitucionalista, Torresarmas1@hotmail.com