Estamos en periodo de prueba

La pandemia liberó la capacidad de aprendizaje virtual de nuestra gente. Se ha dado un salto gigantesco que abre la ruta del aprendizaje y la innovación de manera masiva y nos pone frente a una ciudadanía digital. El contenido de la información lo obtenemos hoy por la vía que deseemos y se encuentra a un paso de distancia entre la persona y el hecho ocurrido. La conectividad ofrece múltiples caminos para llegar a encontrar lo que buscamos, cualquiera sea el objeto de la información.

Ese instrumento nos hace ciudadanos con mayor responsabilidad, pues ya no podemos argumentar ignorancia ni desconocimiento y, también, nos interpela frente a los momentos complicados de nuestra vida comunitaria por los que estamos pasando. Una crisis política, acompañada de problemas en la economía y agudizados por la pandemia, han llegado a niveles que ponen a prueba el funcionamiento estatal y la gobernabilidad.

Partamos de algunas certezas. La solución política demanda la construcción de acuerdos mínimos para que el carácter insurgente y levantisco de los ciudadanos bolivianos no produzca los quiebres y rupturas que, al parecer, estamos tentados permanentemente de asumir. Nuestro compromiso con nosotros mismos y las cláusulas de salvaguarda que ha establecido el sistema interamericano, garantiza que las soluciones sean dadas a través de instrumentos constitucionales. Para decirlo pronto y rápido, la comunidad internacional y nuestra legalidad, no admitirían soluciones fuera de los procedimientos aprobados, y por ello, desde una asonada hasta un golpe de Estado, no significarían ninguna solución y tampoco serían aceptados.

Similar situación se presenta en el esperado alivio económico. La crisis, esta vez mundial, no tiene respuestas exclusivamente internas por más buena voluntad que tengan los gobiernos; se necesitan recursos externos que palíen, en la medida de lo posible, la ruptura y el desbalance de procesos productivos y la desaceleración del desarrollo. Acuerdos con los agentes nacionales de la economía privados y productivos –como con los organismos internacionales de crédito y asistencia– serán imprescindibles.

La salud y el sistema que la protege han siendo puestos a prueba por una pandemia que golpea a todos por igual, pero se ensaña más con los débiles, físicos y económicos. No depende de un acto de voluntad del Gobierno o de las autoridades que la Covid-19 disminuya su letalidad. Será, otra vez, la decisión que adopte el colectivo social, de manera pactada y asumida en su riesgo, la que podrá acompañar las acciones que realiza el sistema de salud para disminuir su impacto. El uso del barbijo, el lavado permanente de manos y el distanciamiento social, seguirán siendo la mejor medida de profilaxis frente a una enfermedad infecciosa cuya vacuna no parece cercana ni en tiempo, resultado y eficacia. Estas medidas de bioseguridad sólo pueden tener contundencia por un acuerdo colectivo.

Enfrentando de manera oportuna estas tres situaciones, y asumiendo las decisiones correctas, no existe otra solución que la de establecer un pacto por la salud, la vida, el trabajo y la gobernabilidad. El nuevo Gobierno no tendrá los llamados 100 días de crédito que han recibido gobiernos anteriores porque la urgencia de las necesidades no lo permite. Tendrá que actuar de inmediato sobre la base de la experiencia acumulada durante 14 años, y una realidad que no le es propicia, ni en economía ni en situaciones políticas. El Gobierno del MAS tiene una prueba muy difícil de enfrentar, al tener que asumir una situación que necesita respuestas inmediatas.

¿Cómo construirá el nuevo Gobierno puentes y acuerdos imprescindibles en esta nueva realidad, y que no fueron aplicados durante 14 años anteriores? El mensaje de toma de investidura y la conformación del Gabinete serán los elementos que podrán ofrecer las condiciones de los acuerdos, si esa es la voluntad gubernamental. Recordemos que la anulación de resoluciones por 2/3 en materias sustantivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados, no será la mejor carta de presentación. Ni la petición en propiedad por méritos políticos de espacios ministeriales, por parte de los sectores que integran al MAS. Ni el comportamiento de jueces que, frente al poder, vuelven a entregar la independencia judicial.

El autor es director de Innovación del Cepad