Reformas penales asfixiantes

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará el proyecto de ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”. Todo esto forma parte de un conjunto de reformas penales (sustantivas y procesales), que buscan perforar el Código Penal de 23 de agosto de 1972 (reformado parcialmente varias veces desde 1997) y la Ley 1970 del 25 de marzo de 1999 y sus reformas.

En este plano, existe la Ley N° 1390 de 27 de agosto de 2021, denominada “Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción” y una serie de cambios político-administrativos. El MAS ya intentó introducir reformas penales, que fueron resistidas por los médicos y dejadas sin efecto; ahora va en la misma dirección, pero poco a poco.

También existe la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; la Ley N° 170 de 9 de septiembre de 2011, que incorpora las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la Ley N° 260 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, que regula el funcionamiento y el control de casas de juego y juegos de azar; la Ley N° 262 de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, que dispone la jerarquización de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF. El decreto supremo N° 1969, de 9 de abril de 2014, reglamenta la transformación de la UIF y el decreto supremo N° 3838, de 20 de marzo de 2019, que instituye la Evaluación de Nacional de Riesgos.

El proyecto mencionado en el primer párrafo dice que el país tiene instituido un régimen de protección de su sistema económico y financiero, sus instituciones y, en general, de la sociedad y contribuye al esfuerzo que hacen todos los Estados contra el combate de estos delitos. Buscan proporcionar un cuerpo normativo que proteja a las actividades económicas de ser utilizadas por los delincuentes para legitimar dineros ilícitos, en sintonía con los instrumentos internacionales que rigen la materia.

El Gobierno pretende una ley integral penal asfixiante, que vulnera la Constitución, y los convenios y pactos Internacionales. En realidad, nadie en su sano juicio puede oponerse a que se innove, modernice y actualice el sistema penal boliviano. Sin embargo, se necesita un gran debate del proyecto con la sociedad civil y sus instituciones representativas, como los colegios y federaciones de profesionales, las universidades y el destinatario final que es el ciudadano de a pie.

Que los proyectistas sostengan que estas reformas fortalecen la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, etc., no es suficiente, sencillamente porque no se socializó nada parecido, salvo algunas ideas generales, como la necesidad de imponer el cumplimiento de instrumentos y compromisos internacionales. Por cierto, terminará imponiéndose la aplanadora del MAS y después presentarán el “paquete completo” y vendrán las observaciones, los recursos, las desinteligencias, etc.

Tampoco existe una exposición de motivo, donde el legislador exponga las razones que tiene para estos cambios. Es verdad que circula una pequeña introducción al proyecto, informando algunas generalidades que no satisfacen del todo. En consecuencia, existen sobradas susceptibilidades, que podían evitarse si se informara a tiempo y a través de los canales institucionales, de modo que el ciudadano esté interiorizado y conozca la nueva normativa y la intención del legislador.

La información oportuna y depurada es fundamental, máxime si se busca cambiar el viejo edificio penal y se pretende el cumplimiento de compromisos internacionales. La crítica, el disenso, el debate enriquecen cualquier proyecto legislativo y puede atemperar la sensibilidad natural de un cambio en el sistema penal, con un aparato judicial que, además, no tiene capacidad ni para autoprotegerse. La aplanadora no es sinónimo de legitimidad.

El autor es jurista y ha escrito varios libros