Cuba socialista

El socialismo liquida la libertad y la igualdad ante la ley a cambio de la promesa de igualdad material. Un estudio del caso cubano en la actualidad pone en evidencia la realidad al respecto, y sus resultados serán presentados en una sucesión de artículos, este el primero, referido a la libertad e igualdad formal. Sus fuentes principales: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Prisoners Defenders y Cubalex, otros órganos internacionales de derechos humanos, y noticias y periodistas y youtubers independientes.

En Cuba, las personas pueden ser encerradas, su movilidad y actividad restringidas sin haber cometido delito, solo por decisión de las autoridades. De 15 bienes protegidos, seis atañen al Estado (seguridad del Estado, administración y jurisdicción, seguridad colectiva, orden público, economía nacional, hacienda pública y tráfico normal migratorio) con 174 delitos; otros seis a las personas con 76 delitos; y tres a ambos, con 49 delitos.

El Código Penal cubano penaliza los derechos a la reunión, manifestación y asociación (Arts. 208 y 209), a la libre expresión (Art. 210), a viajar al extranjero (Arts. 216 y 217), a la propiedad intelectual (Art. 226), a ganar dinero en alguna forma no aceptada por las autoridades, a prestar dinero, a revender cualquier cosa y a comprar cosas en mayor cantidad de la necesaria (Art. 228 -230); y también la compra, venta, sacrificio y transporte ganado mayor (Art. 240) y la pesca sin autorización expresa (Art. 241). Los delitos son ambiguos, los mínimos y máximos de las medidas de seguridad y las penas son muy distantes, pudiendo darse sanciones muy diferentes a los mismos delitos, según la voluntad de los jueces.

Los resultados reales de la aplicación de estas normas penales son:

En 109.886.19 km2, con una población de 11.333.483 habitantes, Cuba tiene aproximadamente 200 prisiones, 100.000 presos comunes y más de 500 presos de conciencia y políticos. La mayoría de las condenas son por desacato, atentado, resistencia, desórdenes públicos y otros actos contra la seguridad del Estado y terrorismo. Los presos sufren uso excesivo de fuerza y trato humillante, hacinamiento, trabajos forzados, castigos de aislamiento, golpizas, mala alimentación y desnutrición, restricciones de visitas familiares y denegación de atención médica, mezcla de internos de diferentes categorías, falta de medios de reclamos por abusos y de protección de grupos vulnerables; discriminación o abuso hacia familiares de presos y deficiente administración de justicia.

En las prisiones hay moho, humedad y filtraciones por deterioro de tuberías, escasa provisión de agua, almacenamiento en cisternas y distribución por tuberías aledañas al desagüe provocando contaminación y enfermedades infecciosas parasitarias y bacterianas. No se permite visitas de organizaciones de derechos humanos y no hay abogados libres.

Además, las personas pueden ser detenidas sin orden de autoridad competente. En 2021, hasta mayo se registraron 620. Hay frecuentes detenciones arbitrarias domiciliarias con instalación de patrullas policiales en las puertas de los domicilios. Están en curso las de Carolina Barrero, activista de derechos humanos (más de 156 días) e Iliana Hernández, periodista (más de 120 días).

El régimen patrocina y organiza actos de repudio con violencia material, física y psicológica por parte de grupos de choque civiles, contra quienes le son “incómodos”. La tortura es usual e impune, no es delito y el régimen no reconoce competencia a los órganos de derechos humanos para investigarla. Las golpizas, el encierro al sol en carros policiales rociados con sustancias contaminantes y en celdas de confinamiento de 1 por 1,75 metros, durante días, son ejemplos actuales.

No se permite salida ni ingreso libre de personas al país, o su desplazamiento interno, por “defensa y seguridad nacional” y “razones de interés público”. El caso de los médicos es un ejemplo masivo. Los de la youtuber Ruhama Fernández y la periodista Karla Pérez, otros individuales. No hay medios de comunicación ni periodismo independientes. Son ilegales la producción y distribución de materiales impresos y audiovisuales. Los programas educativos son parte de la propaganda oficial y hay censura y acoso cibernéticos a través de la única empresa de Internet, Etecsa. Los artistas están censurados y controlados.

Hasta 2008, los cubanos tenían prohibido el ingreso a locales de índole turística, ir al extranjero, tener una vivienda propia, comprar o vender carros usados y tener un celular. Esto cesó por “orden superior”, pero se mantiene por razones económicas y, en el caso de los viajes, políticas y de “interés público”. Un cubano que sale del país y no retorna en 24 meses, pierde sus derechos a la salud y educación. Así, la ciudadanía es sustituida por la residencia permanente.

Hay discriminación y violencia de género y el régimen niega su origen en relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, lo que explica la falta de normas de protección, medios de auxilio e información actualizada. Igual, hay discriminación de orientación sexual pues se despide de sus fuentes laborales e impide su acceso a la educación superior, a salud, vivienda y servicios sanitarios y agua a personas no heterosexuales, y no se investigan hechos de violencia contra ellas. Se ignora a esta población y no hay datos accesibles sobre su situación. No hay medios de denuncia de violencia, hostigamientos, amenazas, estigmatización, persecución y criminalización contra estas personas, habiendo evidencias de ser más graves cuando son de ascendencia africana. El censo de 2019 muestra un 9% de afrodescendientes, 24% de mestizos y un aplastante 65% de blancos. La razón: la realidad de discriminación profunda que impulsa a los afrodescendientes a negar su condición.

El régimen cubano ataca la libertad con la violencia institucionalizada. Además, discrimina a las personas, como efecto de simples decisiones del poder, incluso verbales. A ese precio, ¿se habrá logrado la prometida igualdad material? La respuesta comenzará en el próximo artículo.

La autora es abogada