Cumplan la Constitución

Durante el paro cívico reciente, cuando las personas ejercieron su derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica (siendo ellas elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático), se cuestionó la imposición de un paquete de leyes sin socialización previa alguna ni prestar oídos a los involucrados. Resulta que, a pesar de todo ello, en este mes de noviembre del año 2021, se han promulgado dos leyes que forman parte de aquella batería de leyes cuestionadas.

Estas leyes son: Ley N° 1405 de Estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 01/11/2021 (donde a las personas naturales y jurídicas se las convierte en informantes —Art. 4 inciso k, Arts. 21, 24, 25, 26, 28 y 30— y si no dan la información que se les pide, coercitivamente se les impone multa — de hasta 7.200 UFV, equivalente a 17.064 Bs— y prohibición de actualizar registro de comercio); y, la Ley N° 1407 de 9 de noviembre de 2021. Ambas refutadas por vulnerar flagrantemente el diseño constitucional del Estado boliviano autonómico.

Resulta evidente que existe una profunda crisis de confianza en la administración pública. La prueba de ello es, justamente, esa no socialización de los proyectos de ley; y, en consecuencia, se continúa promulgando normas a espaldas de aquellos a quienes se las pretende aplicar. Además, se apunta a criminalizar la interconexión entre los derechos a la libertad de expresión, de reunión y el derecho a la protesta social.

Toda ley debería ser el resultado de un dialogo sincero, íntegro y abierto, sin embustes, mediante un debate de calidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), promoviendo el consenso, la cultura de paz, sin amenazas ni imposiciones.

Sin embargo, resulta que, en lugar de analizar y esforzarse por encontrar cómo resolver los problemas económicos de las personas sin atacar sus libertades individuales, los gobiernos de turno, lamentablemente hacen todo lo contrario, pues se evidencia la búsqueda de complicar las vidas de las personas mediante la coerción, afectando su tranquilidad, sus libertades, su propiedad privada, entre otros derechos.

Por otro lado, los asambleístas opositores deberían estar atentos, analizar e informar oportunamente a la sociedad sobre todos los proyectos de ley que llegan a la Asamblea para ser aprobados y que, potencialmente atenten contra dichas libertades. Deberían anticiparse a los hechos y efectuar debates de calidad al interior de las cámaras legislativas, poner sus buenos oficios en cuanto a la fiscalización que debe existir a las autoridades y servidores públicos, y velar por la aplicación de medidas políticas ingeniosas e interposición estratégica de acciones de inconstitucionalidad, entre otras actuaciones proactivas.

Es menester exigir calidad institucional, integridad, lealtad y menos corrupción en las autoridades, servidores públicos y en los políticos. Por ejemplo, se debe acabar con el transfugio partidario, pues si el número de tránsfugas sigue creciendo, no sólo no tendrá sentido recuperar los 2/3 en el reglamento de debates de la ALP, sino que todos ellos destruirán el sistema democrático, incentivarán el abuso de poder y aniquilarán el orden constitucional por intereses personales o de grupo, egoístas, miserables y mezquinos.

Es así que también a la oposición debería exigírsele que sea una alternativa real, realizando propuestas normativas, socializando las mismas y proponiendo políticas creativas que busquen mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Bolivia Y al gobierno de turno, es necesario exigirle que sea respetuoso y cumpla con la Constitución, garantizando las libertades individuales, que no se vulnere la propiedad privada ni los espacios decisorios y de participación para el ejercicio de la oposición política, sin boicotear cualquier encauzamiento constitucional del conflicto, acatando el derecho a decidir de los ciudadanos que salen en defensa de sus derechos y garantías constitucionales.

El autor es asesor legal empresarial y abogado de litigios