Un museo para todos

Diversos motivos condujeron en 1997 a que la Universidad Mayor de San Simón y la Alcaldía de Cochabamba firmaran, alentadas por la Fundación para las Ciencias, un convenio para la creación del Museo de Historia Natural de Cochabamba. Según ese convenio, las tres instituciones contribuían con sus respectivas colecciones, y mientras la UMSS aportaba además con personal científico, la Alcaldía lo hacía también con instalaciones.

Para entonces, la Alcaldía disponía de un predio que no había podido utilizar, la casona que había pertenecido a la familia Haas, adquirida en 1994 a través de un proceso de expropiación. Fue temporalmente asignada al Museo.

El Museo funcionó desde entonces con amplia autonomía, obteniendo varios logros de difusión y de investigación, siendo uno de los más relevantes el relacionado con la formación de un centro dedicado al estudio y la conservación de anfibios, a partir del “rescate” de la rana Romeo y, luego, de su pareja Julieta.

El Museo fue reconocido en 2014 (Ley 593), con justa razón, como parte del Patrimonio Cultural del país.

Lamentablemente, muchos temas institucionales y normativos quedaron irresueltos en todo este tiempo. Ello se debió probablemente a que el Museo operó sin demandar mayores recursos de la UMSS o de la Alcaldía, y ambas entidades se desentendieron de su atención. Nunca se resolvió el tema de la propiedad del Museo, de sus colecciones ni de las nuevas donaciones o adquisiciones, y tampoco se formalizaron su estructura organizativa, sus reglamentos internos, los mecanismos de gestión administrativa, etc.

Ahora bien, cuando se firmó el convenio de creación del Museo se estipuló el compromiso de trasladarlo al Jardín Botánico tan pronto como la Municipalidad libere espacio en el mismo y construya el centro de convenciones para el que expropió el inmueble. Todas las partes lo sabían y se comprometieron a ello. Sin duda, también debió conocerlo quien tramitó la declaratoria del Museo como Patrimonio pues la norma no especifica su dirección o el lugar de su emplazamiento, y en su segundo artículo se refiere a la “protección, conservación, promoción, difusión y registro de todos los componentes” del Museo. Por tanto, es una falacia afirmar que la declaración de Patrimonio incluye la casona para invocar su inamovilidad. Incluso, porque la misma Ley 530 contempla la posibilidad de trasladar los bienes patrimoniales bajo autorización y protocolos adecuados (Art. 42).

También es erróneo considerar que una declaración de Patrimonio cambia automática e inmediatamente la propiedad del bien. No es así. Lo que hace es imponer ciertas restricciones y ventajas para los poseedores y propietarios de los bienes patrimoniales y justificar una expropiación, si acaso la quisieran hacer, pero siempre que se sigan los trámites de rigor.

El compromiso de la Alcaldía era otorgar al Museo una casita que hasta hace poco era ocupada por la Academia Boliviana de Historia Militar, pero ahora decidió ofrecerle un espacio nuevo y mucho más grande, entregado en 2019 y todavía sin ocupación. El Museo ocupa 180 m2 y el nuevo edificio tiene 630 m2.

Además, el Jardín Botánico tiene espacio suficiente para albergar los contenedores donde se alojan las ranas que se estudian y protegen en el Museo. Ranas que, por lo demás, ya viajaron desde sus hábitats naturales hasta Cochabamba y en condiciones mucho más precarias de las que se emplearían en un traslado ordenado.

Desde mi punto de vista, el Museo y Cochabamba ganarían con el traslado.

En cuanto al centro de convenciones, coincido en que se trata de un proyecto antiguo y quizás obsoleto, pero como no ha sido construido, puede rediseñarse completamente de manera que sea adecuado a estos tiempos y, por supuesto, a las necesidades ambientales y urbanas de la ciudad. Fue un error haber realizado un concurso de anteproyectos que proyectó la idea de que se pretende construir una innecesaria mole de cemento. La Alcaldía debería aclarar mejor este tema y emitir, así sea en una ordenanza, las especificaciones que debe tener ese centro, que muy bien puede ser pequeño y de uso múltiple: cultural y científico.

El cambio de uso de ese lugar, expropiado específicamente para un centro de convenciones, ha sido propuesto varias veces, desconociendo que la jurisprudencia no lo permite, pues es un mecanismo de defensa de la propiedad privada. Debe evitarse la posibilidad de que el poder público expropie un bien con un justificativo y luego le cambie el uso, pues ello daría lugar a mayores abusos a los derechos de propiedad.

La preservación del espacio abierto existente, que eran los jardines del predio, podría garantizarse del mismo modo, de manera que la vegetación mantenga su conexión con los jardines del Palacio Portales-Centro Simón I. Patiño y de los hoteles que están en esa zona. Puede diseñarse en ese predio un parque urbano de acceso público y con predominio de vegetación, como ya existen otros en Cochabamba.

Como se ve, es posible una solución que contemple simultáneamente ganancias en los tres campos: cultural, urbano y ambiental. ¿Por qué entonces estamos sumergidos en un conflicto que tiende a crecer?

No faltan quienes creen que hay objetivos ocultos en varios de los actores. No lo sé. Pero, aunque eso fuera posible, lo que el conflicto revela es que vivimos una generalizada crisis de confianza, porque todas las partes ponen en evidencia el temor de ser engañadas si se cambian las condiciones que han logrado hasta ahora, por malas que sean. Y esto es así porque nuestro sistema institucional es extremadamente débil y precario.

En este caso, posiblemente el problema se resolvería más rápido si estuviera clara la estructura de propiedad del Museo y si los socios (UMSS, Alcaldía y Fundación para la Ciencia) conocieran y cumplieran sus obligaciones y responsabilidades, y recibieran información detallada de manera regular. Pero fuera del convenio de origen, no se hizo nada más. Esto, por supuesto, acrecienta el mérito de quienes trabajaron en el Museo en todo este tiempo y aumenta los reproches a quienes estuvieron a cargo de esas tres instituciones, que no culminaron el proceso dotando al Museo de una estructura organizativa, normativa y presupuestaria adecuada.

Pese a todo, hoy podemos decir que hemos avanzado mucho. Es evidente el aprecio de la gente por el Museo y su apoyo permite suponer que las autoridades serán capaces de coincidir en esfuerzos de fortalecimiento, no solo de éste, sino de otros museos que cumplen también un papel relevante.

Asimismo, es evidente la demanda ciudadana de un entorno urbano menos agresivo con la naturaleza. Con estas reflexiones quisiera alentar a que tratemos también de avanzar en la construcción de una institucionalidad que respete la ley y los derechos, y que responda con eficacia a las demandas sociales y a las necesidades culturales y ambientales de Cochabamba.

El autor es investigador del Ceres