Los políticos nos anclan al pasado

La Cámara Nacional de Industrias convoca a la “Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva de Bolivia”. Busca identificar temas prioritarios a partir de diagnósticos de las problemáticas sectoriales y proponer alternativas para la reactivación. El sector privado, al convocar a la cumbre, reconoce la insuficiencia de las políticas de gobierno para enfrentar la crisis en sus múltiples dimensiones. 

Aunque espero que no sea así, sería un nuevo error si la cumbre elabora propuestas partiendo sólo de los diagnósticos sectoriales. En ausencia de un mismo concepto sobre el desarrollo y de las estrategias para lograrlo, siempre habrá quienes alientan y quienes rechazan acciones, por ejemplo, con respecto al contrabando, el tipo de cambio, articular cadenas de valor o alentar alianzas público-privadas. De hecho, sin una visión compartida de desarrollo, tampoco será posible aprovechar estructuralmente las oportunidades que ofrece el siglo XXI en términos de tecnologías, economías circulares, digitalización, etc. 

Por ello, pedir medidas para aliviar los síntomas —como se lo viene haciendo desde hace 30 años—, sin demandar a la “clase política” profundas reformas y claras reglas de comportamiento, será caer en el juego al que induce una institucionalidad demostradamente disfuncional para los emprendimientos productivos, en especial para los creadores de valor y empleo. Todas las experiencias de planificación participativa en los últimos 30 años han fracasado precisamente al plantear prioridades sectoriales que implican dispersión, contradicción, conflictos y llevan a escenarios de “suma cero” (porque unos intereses afectan otros), en los que los gobiernos ganan políticamente aceptando “atender demandas” puntuales de coyuntura, pero sin afectar los cimientos estructurales del poder político y sus intereses. 

Para no caer en ello, una condición necesaria es (re)crear desde la sociedad condiciones de confianza y de corresponsabilidad entre empleados y empleadores, Estado y empresas y entre ciudadanía y Estado, sobre la base de un proyecto común de desarrollo. Las metas definidas en este marco permitirán definir la naturaleza y la magnitud de los cambios prioritarios en temas estructurales como la justicia, la buro-parasito-cracia y el rentismo institucionalizado. Delineado ese telón de fondo, se podrá configurar una nueva institucionalidad “pro producción y empleo” que incluya el mercado interno, impuestos, normativa laboral, etc., en beneficio de todos.

La única opción para generar estrategias “gana-gana” en el actual contexto de oportunidades, debilidades y amenazas, es la orientada conceptualmente hacia una “eco-economía” de pleno empleo, que necesita de la sustentabilidad social, económica y ambiental, como la condición necesaria para diversificar, sosteniblemente, al aparato productivo. 

Como es imposible enfrentar la economía del siglo XXI con una institucionalidad que responde a las visiones económicas de principios del siglo XX, la eco-economía implica salir del extractivismo rentista. Construir una eco-economía de pleno empleo socialmente concertada, requiere, primero, reconocer que el crecimiento no es un fin en sí mismo: es un medio para el desarrollo sostenido y sostenible que asegure el bienestar de generaciones, actuales y futuras. 

Segundo, entender que el financiamiento sigue al emprendedor, no “hace al emprendedor” y que la fuente y el origen de la creación de valor en la economía son la creatividad y el esfuerzo humano que aportan empresarios y trabajadores; en consecuencia, deben ser las personas y sus hogares —no el Estado ni el capital— los destinatarios primarios, directos y finales de los beneficios del crecimiento.

Tercero, las controversias, debates y conflictos sobre emprendimientos públicos o privados, o las formas capitalistas, socialistas o comunitarias de apropiación del excedente, se refieren específicamente a las formas, principios o criterios que se adoptan para la distribución del valor agregado y los ingresos. Tales debates no tienen sentido con respecto al proceso de creación del valor, cuyo rasgo dominante es el mismo en todo proceso productivo (incluidas las empresas públicas estratégicas): maximizar la eficiencia y la efectividad (la productividad) en el uso de los recursos disponibles para maximizar el valor agregado social y económico, al producir los bienes y servicios. 

En síntesis, dada la magnitud y la complejidad de la tarea, insistir en medidas aisladas no es una opción responsable ni para empresarios ni para nosotros, los de a pie. En los últimos 70 años, hemos experimentado con casi todo tipo de modelos económicos y de regímenes de gobierno, pero de haber estado en 1950 cerca al promedio de América Latina en términos del ingreso por habitante hoy estamos entre los tres últimos lugares. 

La causa de este retro-estancamiento, antes que a falta de recursos o de capacidad creativa-productiva, responde a la incompetencia de nuestros políticos: en 1988, los emprendedores sabíamos que era viable crear formalmente una empresa en 24 horas y sin costo. Hoy, 35 años después, los políticos crean el Seprec con la tarea de captar rentas para el TGN, no para apoyar iniciativas productivas. Ofrecen caros e ineficientes servicios de empresas públicas y persisten en el patrón extractivista “para capturar y re-distribuir excedentes”; y aspiran a la diversificación productiva y sustituir importaciones, pero fortalecen el boliviano “para abaratar importaciones y controlar la inflación”.

¿Hay duda de que los políticos están anclados al pasado? Ojalá la Cumbre lo tome en cuenta.