Los juicios contra Áñez
Tras una postergación por problemas procedimentales, se reinicia hoy la querella contra la expresidenta Jeanine Áñez en el caso “Golpe de Estado II”, que desde el comienzo ha tropezado con irregularidades y falencias.
El primer proceso contra Áñez es el denominado “Golpe de Estado I”, que se le ha instaurado por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. El segundo juicio es el llamado “Golpe de Estado II”, que comienza hoy, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias contra la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. La tercera querella ordinaria es por la presunta designación irregular de Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos en 2020 y en la cual está imputada por nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones. Los tres son procesos en la justicia ordinaria, lo cual no se ajusta a lo que prescriben la Constitución y las leyes para el enjuiciamiento de la expresidenta Áñez.
De hecho, hay falencias estructurales en este primer y los otros dos juicios ordinarios que los convierten en nulos de pleno derecho, pues la Constitución Política del Estado y una ley específica establecen el procedimiento que se ha de seguir cuando se trata de procesar a quien ha ocupado las más altas funciones públicas en el país.
Sin los dos tercios necesarios para iniciar un juicio de responsabilidades, el oficialismo ha optado por someter a Áñez a tres procesos ordinarios a todas luces inconstitucionales e ilegales. Impulsan estos retorcidos juzgamientos, en vez del principio de legalidad, el afán de revanchismo del expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, quien cree que con la condena de Áñez podrá sustentar su narrativa, que hace aguas por todas partes, de un inexistente “golpe de Estado”; el jefe masista intenta borrar de este modo los hechos que rodearon su renuncia y fuga tras las elecciones de noviembre de 2019, anuladas por manipulaciones dolosas o fraude, según informes de la OEA y de la Unión Europea, y así habilitarse en la carrera por volver al poder.
Forzados y contrahechos, los procesos contra Áñez se han apoyado en innegables violaciones a los derechos constitucionales a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa. Sus marchas y contramarchas revelan que hoy el Ministerio Público y la justicia, en cumplimiento de las instrucciones del Ejecutivo, primero privan de libertad a las personas y después “arman los juicios”. Eso es lo que ha sufrido Áñez en más de un año en la cárcel, en una abierta vulneración de sus derechos humanos y constitucionales.
Estos procesos, plagados de ilegalidades y anomalías, no buscan esclarecer la verdad histórica de los hechos, sino satisfacer el deseo de venganza de Morales. A ese grado de abyección ha caído una justicia incapaz de ser independiente e imparcial. Es espantoso el calvario judicial al que han sometido a la expresidenta, lo cual acarreará responsabilidades para el Estado.
