Tras resolución sobre finca Canelas, el INRA se declara “sin competencia”
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió una resolución sobre un predio de la Hacienda Canelas que está en saneamiento, pero deslinda responsabilidad contra los loteadores que continúan avasallando tierras productivas en el valle alto.
“Se tiene a bien informar que el proceso de saneamiento del predio señalado cuenta con Resolución Suprema 16129, de fecha 31 de agosto de 2015, el cual se encuentra con sentencia Agroambiental Plurinacional S2 Nº 001/2018, habiendo perdido competencia el INRA para atender lo solicitado, por lo que el impetrante debe estar al estado del proceso y resulta de las impugnaciones en curso”, dice el escrito de Rodrigo Montoya Polo.
El documento del 22 de abril de este año es una respuesta “al memorial adjunto a la Hoja de Ruta DN HRENº 7617/2022, presentado por Bernardo Canelas Méndez en calidad de copropietario de predio denominado Hacienda Canelas, polígono 035, ubicada en la provincia Esteban Arze, provincia Arbieto del departamento de Cochabamba”.
El director departamental del INRA, Armando Mita, dijo, en una entrevista realizada en abril, que aguardaban una resolución de Tribunal Constitucional de Sucre para continuar con los trámites de saneamiento de más de mil hectáreas de tierras y afirmó que las construcciones tenían el permiso de los propietarios.
“Con consentimiento de la familia Canelas es que los trabajadores están ingresando a hacer construcciones, ellos tienen conocimiento de las resoluciones administrativas de medidas precautorias que hay. Vamos a ampliar y poner letrero de prohibición de fraccionamiento e innovación”, dijo en esa ocasión.
Sin embargo, una de las propietarias de la Hacienda Angostura, Luz Marina Canelas, reiteró ayer que los predios no están en venta y advirtió a la población que no caiga en estafas.
Exviceministro
Respecto de las resoluciones que emite el INRA, el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz calificó como “nefasto” el rol que cumplen los funcionarios de la institución, porque en su criterio muestran actitudes tolerantes y cómplices con los avasalladores.
“El INRA no está protegiendo el interés público, no está cumpliendo con su deber de protección de esas áreas, sino está facilitando el avasallamiento, es cómplice por omisión”, aseveró.
La exautoridad mencionó que cuando desempeñaba el cargo detectó algunos vínculos de “mafias” de avasalladores con determinados niveles del Gobierno nacional, lo que agudizó la problemática en Cochabamba y en áreas protegidas del oriente boliviano.
Añadió que varias resoluciones del INRA son ilegales, vulneran las normas y avalan asentamientos en tierras de propiedad privada destinadas a la producción agropecuaria que son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria.
Fracasaron los planes de vivienda
El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz explicó que el tráfico de tierras es una problemática social que demuestra que los programas sociales para acceder a una vivienda implementados por el Gobierno nacional fracasaron, porque las víctimas que compran los lotes son personas de escasos recursos económicos.
“Hay que distinguir dos situaciones, primero, que los que compran son personas de escasos recursos que necesitan una vivienda propia habitable y, segundo, que existe una mafia de loteadores que se aprovecha de las necesidades de este sector de la población para avasallar tierras de propiedad privada”, puntualizó.
