Sentencia señala que no hubo vacío de poder, pese a renuncias
La condena emitida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital del departamento de La Paz, el 10 de junio, contra la expresidenta Jeanine Áñez y altos exjefes militares por el caso golpe de Estado II sostiene que los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 no hubo vacío de poder, pues las autoridades de la línea de mando del Estado estaban “en pleno ejercicio de sus funciones”, a pesar de que presentaron sus renuncias el día 10.
El fallo fue emitido el 10 de junio, pero el documento salió recién ayer al alcance del público en su totalidad.
La sentencia, firmada por los jueces Germán Ramos Mamani (presidente), Liz Rocío Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui (jueces técnicos), condena a Áñez a 10 años de prisión en la cárcel de Miraflores por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El Tribunal también sentenció a 10 años de cárcel a los excomandantes de las FFAA, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, por los mismos delitos. Asimismo, sentenció a los exjefes militares Jorge Fernández y Sergio Orellana a cuatro años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes. Finalmente, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta fue condenado a tres años y el excomandante de la Armada, Flavio Arce, a dos años de cárcel.
Según la sentencia, entre los hechos probados que llevaron al Tribunal a decidir por unanimidad el fallo, se encuentra que Áñez convocó en su calidad de segunda Vicepresidenta del Senado a una sesión el día 12 de noviembre, vulnerando el Reglamento de esa Cámara en lo referido al plazo de la convocatoria (24 horas de anticipación) y al quorum (se requiere la mayoría de los legisladores presentes).
Otro de los hechos que el Tribunal apunta es que las renuncias de Evo Morales a la Presidencia, Álvaro García Linera a la Vicepresidencia y Víctor Borda a la Presidencia de la Cámara de Diputados fueron aceptadas en el pleno de la Cámara el 20 de noviembre, “es decir, a los hechos suscitados los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 dichas autoridades se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones, pues no se habría resuelto sus renuncias”.
Cabe recordar que el exmandatario Morales y García Linera, el día 12 de noviembre, se encontraban ya en suelo mexicano, luego de hacer conocer públicamente sus renuncias el domingo 10 de noviembre.
Éste es uno de los puntos observados por la defensa de Áñez, que señala que la sentencia no toma en cuenta el contexto ni nada de lo que sucedió el mes de noviembre por la crisis pos electoral que derivó en caos en el país.
La sentencia también señala que la presidenta del Senado de ese entonces, Adriana Salvatierra, también del MAS, renunció el 10 de noviembre pero la misma no fue presentada “dadas las imposibilidades materiales”, señala el documento, sin especificar cuáles son estas circunstancias.
En el caso de la vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, el Tribunal de sentencia sostiene que presentó su renuncia el 14 de noviembre, pese a que ella misma publicó en redes sociales su renuncia el 10 de noviembre, aunque después la borró.
El Tribunal fue más allá y señaló que Rivero era la autoridad llamada a ejercer la sucesión en la Presidencia, pues “estaba en ejercicio de sus funciones”, ya que no se verificó la “existencia o inexistencia” de su renuncia.
El fallo señala que Áñez “de forma ilegal asumió y se proclamó como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia” y vulneró el artículo 169 de la Constitución, referido a la sucesión.
Otro elemento llamativo es que el Tribunal considera que el video que emitió Áñez en su calidad de senadora, por medios de comunicación el 11 de noviembre, en el que hace un llamado a las FFAA a salir a las calles, es una prueba de que ya daba órdenes a los militares.
Los fiscales del caso fueron Omar Mejillones y Eddy Flores.
VEN ANOMALÍAS Y ALISTAN RECURSOS
La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez observó al menos 10 anomalías en la sentencia y alista recursos para contrarrestarla, informó el abogado Luis Guillén.
Según el jurista, la sentencia no tomó en cuenta que Áñez debe ir a juicio de responsabilidades, además no se menciona la crisis de 2019 y denunció que se excluyó la mayor parte de las pruebas presentadas. Dijo que una vez que reciban respuesta del pedido de enmienda, presentarán una apelación a la sentencia pidiendo la absolución de la expresidenta.
