La Gestora y las pensiones
Los especialistas en economía, al establecer un panorama de lo que viene el próximo año, señalan que uno de los temas centrales será la administración de los recursos para la jubilación a cargo de la Gestora Pública de pensiones.
El fondo de la cuestión es el siguiente: hay una profunda y justificada desconfianza en que la Gestora sea una buena administradora de los fondos de pensiones, que hoy ascienden a casi 24 mil millones de dólares.
El Estado ha demostrado que no es un buen administrador. Y, ciertamente, no lo es y menos se le puede confiar algo tan delicado como los fondos para las jubilaciones, porque es más que seguro que no los invertirá, como se dice en el ámbito financiero, con el mismo criterio y diligencia de un buen padre de familia, sino que los destinará al despilfarro, como sucedió con los ingresos de la bonanza del gas.
¿Pruebas? Ahí están los elefantes blancos del expresidente Evo Morales, desperdigados por el territorio nacional, como monumentos a la corrupción y a la irracionalidad económica. Poner los recursos ahorrados con tanto sacrificio para contar con una pensión de vejez —así ésta sea mínima— en manos de políticos es como firmar un cheque en blanco para un manirroto estafador.
Si faltaran argumentos para oponerse a que la Gestora Pública tome el control de los fondos para las jubilaciones, ahí están los que ha dado, en un artículo publicado en este diario, el exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores y analista financiero Armando Álvarez, quien remarca que, con los cambios efectuados por el Gobierno del expresidente Evo Morales a la normativa de pensiones, en la actualidad el sector público se ha convertido, al mismo tiempo, en administrador, regulador y deudor de los aportes laborales para la jubilación de propiedad de los trabajadores.
Además, Álvarez hace notar que la Constitución Política del Estado promulgada en 2009 expresa que los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados y también establece que la ley rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto para ciertos casos puntuales en materia laboral, penal y de corrupción; en consecuencia, la Gestora Pública tendría que hacerse cargo sólo de las cuentas abiertas desde 2009; en último caso, dice el articulista, en un Estado de derecho se debería consultar a los dueños de esos recursos, al menos 1.200.000 aportantes, si están de acuerdo o no en que la Gestora Pública maneje el dinero que ahorraron y que les pertenece.
No proceder de esta manera es, lo decimos nosotros, ejecutar una abusiva confiscación de recursos privados. Pero el problema es que hace mucho que el Gobierno toma decisiones para ampliar la dimensión del Estado en mercados en los que deberían actuar sólo las empresas privadas, para evitar que crezca el endeudamiento público.
