Como náufragos en un océano de mentiras

Ante la proximidad de un tsunami económico-financiero, el ministro Marcelo Montenegro se ha sincerado con la prensa internacional destapando la gran mentira  con la que un impresentable exministro de Hidrocarburos, hecho al oceanógrafo, embaucó a la población y al gabinete de entonces, incluido al entonces ministro de Economía, hoy Presidente del Estado. Queda la duda: ¿se hicieron embaucar por ingenuos o por cómplices?

Y ya que estamos en vena de sinceramientos, el ministro podía haber mencionado otra gran mentira del entonces vicepresidente cuando, al crear un fondo de incentivos a la exploración con base en retenciones del IDH a sus beneficiarios, aseveró que por cada dólar “invertido” en ese fondo se recibirán hasta 8 dólares. Nadie recibió nada, el fondo se ha “estido”, pero se sigue descontando el IDH.

Para no hablar de la Gran Mentira Original, la de Evo Morales y sus acólitos de respetar el referéndum del 21F, que ha diseminado un cáncer agresivo en el cuerpo social y político de Bolivia desde hace cuatro años; o de la mentira del presente Gobierno, al empezar su gestión, de empeñarse a cambiar la justicia, hasta caer en la cuenta de cuán útil es, para el poder, utilizar a su antojo jueces, fiscales, policías, leyes y la Constitución. Por eso, dicho sea de paso, contribuiré con mi firma al éxito de la iniciativa ciudadana de los juristas independientes: ¡Yo firmo!

Ni qué decir de las mentiras de los juicios internacionales perdidos, en La Haya y en los arbitrajes, que han costado dinero público y descrédito internacional; o de la cantaleta de que somos un país pacifista. ¡Basta ya de falsedades! Es evidente que no se trata de mentiras aisladas, sino de un régimen mentiroso, que suele sacrificar el bien común y la verdad sobre el altar del interés partidario para conservar el poder a como dé lugar.

Ahora bien, si no queremos hundirnos en ese océano de mentiras, hay que emprender algunas acciones urgentes.

En el sector energético, en particular, es necesario realizar un control de daños de la nacionalización, ante su fracaso “a mediano y largo plazo”, como se advirtió oportunamente y como acaba de confirmar una prestigiosa consultora. En efecto, Wood Mackenzie pronostica que, sin cambios estructurales, la producción de gas bajará de 40 (2022) a 11 MMmcd (2030), volumen insuficiente para el consumo interno. Cierto o no, el espectro de la importación de gas está en puertas.

Más allá de los parches, confusos y costosos, de los biocombustibles, la clave es retomar la exploración “en serio”, no con las quimeras del PGE de este año, como se ha analizado en medios de prensa especializados (LEA230113.pdf). Urgen cambios razonables en el régimen tributario, que podrían funcionar si se dejara de lado la ideología secante que sigue ofuscando a los responsables del sector.

Paralelamente, hay que encaminar “en serio” una transición energética que disminuya a tiempo la dependencia de las menguantes fuentes fósiles. Si no se lo hace aún es porque se le tiene miedo a la democratización de la energía y a la superación del rentismo, base de todo populismo paternalista. 

Otro gran sinceramiento del Gobierno sería que reconozca la insostenibilidad del subsidio universal a los combustibles. Lo que debería quitarnos el sueño, además del gasto en divisas -siempre más escasas en el Banco Central y en YPFB- para la importación, es el impacto del subsidio. El PGE-2023 prevé que, con el petróleo por los 80 dólares el barril, el subsidio podría llegar a 1.250 millones de dólares, por encima de las reservas en divisas del BCB. Se trata de dinero dilapidado por el TGE y YPFB con el único fin de maquillar (manteniendo baja la inflación) las llagas de un modelo económico fracasado.