Desconfianza en la Gestora
Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil manifestaron el martes en las calles de cuatro ciudades del país su rechazo al “paquetazo de leyes” y a la Gestora Pública, esa entidad que reemplazará a las AFP en la administración de los aportes de fondos de más de dos millones y medio de trabajadores.
Los descontentos cuestionan dos proyectos de ley, cuya aprobación está en duda incluso para el mismo oficialismo. La transferencia de la administración de los fondos de pensiones será totalmente efectiva el 15 de mayo.
Este es el punto de mayor cohesión de los movilizados que, juntos y por separado, anuncian más protestas, inquietos por perder sus aportes y quedarse sin jubilación.
Son gremiales, jubilados, funcionarios de salud, trabajadores universitarios, maestros urbanos, militares y policías del servicio pasivo, profesionales y universidades públicas.
Todos temen que sus aportes sean utilizados por el Gobierno para sus fines.
Y tienen razón porque la Gestora es una entidad que “se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” y su fiscalización está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que también depende de ese Ministerio.
Es decir que lo que vaya a hacer la Gestora con el dinero de los aportantes, que son fondos privados, no tendrá ningún control de sus dueños.
Y eso es inquietante, tanto más cuanto ninguna dependencia de la administración estatal está libre de —al menos sospechas— corrupción ni tiene una gestión exenta de cuestionamientos.
El Estado es mal administrador, la prueba de ello son las más 60 empresas públicas, la mayoría deficitarias, sostenidas con recursos estatales.
El gerente de la Gestora cuestiona el rechazo de los movilizados evocando su resistencia al proceso de privatización del sistema pensiones, en 1996. Entonces, existía desconfianza en la administración privada de esos fondos. La desconfianza natural a lo desconocido.
La desconfianza actual hacia la Gestora no es de la misma naturaleza. Hay precedentes de desfalcos en la administración estatal, millonarios en los últimos 17 años.
El perpetrado en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) es el más notorio de todos. Más de 102 millones de bolivianos del Estado desaparecieron en cuentas personales, obras fantasma y gastos de campaña electoral del MAS.
¿Cómo no desconfiar de una Gestora creada hace 12 años, en la época de la bonanza —y el derroche— del gas y activada hace sólo 19 meses en los inicios de la creciente crisis económica actual?
