La trampa del clientelismo

El sistema político de muchos países de América Latina se caracteriza por la capacidad de despojar a los ciudadanos y empleados públicos de sus derechos, oportunidades y justicia, con la intención de ofrecerlos posteriormente como un privilegio condicionado al apoyo político. En estos países, aquellos en posiciones de poder se benefician de la tendencia humana a interpretar el clientelismo como una oportunidad, sin reconocer que puede ser un señuelo: un engaño que sirve para ejercer presión.

Los dirigentes políticos muestran interés en el bienestar de aquellos individuos que los apoyan en sus campañas o que se involucran en sus esquemas una vez en el poder. En contraste, quienes se niegan a participar en estas actividades enfrentan obstáculos burocráticos e injusticias, y aquellos que desafían el sistema se exponen al castigo.

En este entorno, los ciudadanos reconocen los beneficios personales de asociarse con un líder político. Al aceptar, incluso con reticencia, el «trueque» ofrecido, posiblemente no se den cuenta de que la raíz de esta incómoda situación se encuentra en la falta de derechos, oportunidades y justicia, fomentada por el mismo sistema clientelista que ven como su salvación personal.

Muchos analistas observan que los dirigentes políticos obran de forma corrupta y culpan a los ciudadanos por asociarse con ellos. Sin embargo, esta conclusión ignora que muchas personas carecen de alternativas sólidas para protegerse contra la corrupción generalizada o defender su porvenir.

Una afirmación más precisa es que —debido a las dependencias creadas por la estructura de poder dentro del gobierno (p. ej., quién nombra a quién)— muchos se ven expuestos a la coerción. En resumen, la justicia y las oportunidades están sujetos a una balanza controlada, dentro del Gobierno, por el gobernante y, fuera de él, por los funcionarios bajo su influencia.

De esta forma, los dirigentes políticos utilizan el favoritismo para beneficiar a su clientela y esto fomenta la corrupción sistémica y reduce los derechos y las oportunidades de la población. Dado que no siempre es posible escapar a esta realidad, muchos consideran natural protegerse y se asocian con un político o partido dispuesto a utilizar este poder en beneficio de sus aliados. Esto es el clientelismo.

Las sociedades que han superado este problema lo han logrado al aislar a los funcionarios de la coerción ejercida por aquellos con intereses en sus decisiones. En estas sociedades, los que hacen las leyes, los que las ejecutan y los que las juzgan operan con independencia estructural los unos de los otros, incluso dentro de sus respectivas ramas. Esto se ha logrado mediante cambios estructurales, como establecer una carrera administrativa fuera del alcance político, que eliminan dependencias malsanas y otros conflictos de intereses.

Una persona dependiente, sujeta a la coerción, difícilmente puede actuar con libertad o imparcialidad. Nadie elige ser presionado y, ante la presión es evidente que pocos logran eludirla. Por lo tanto, la población debe ser protegida al respecto.

Para eliminar el clientelismo y la corrupción que genera, será necesario reformar la estructura gubernamental vigente, la cual proporciona a los dirigentes políticos las herramientas (dependencias) para practicar la coerción. Estas fuerzas no son visibles y a menudo se ocultan bajo la apariencia de una oferta. A pesar de su disfraz, el clientelismo está compuesto por amenazas disimuladas.

El uso discriminatorio de la autoridad revela la malicia de la estructura gubernamental actual, que no solo otorga a unos los medios para ejercer coerción, sino que también crea una situación en la que otros deben ceder. Exponer las dependencias y ponerles rostro facilitará la lucha contra esta lacra que degrada tanto a víctimas como a victimarios.

El autor es arquitecto y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional