Aplicación de disposición 7.ª entra en pausa tras acuerdo entre Gobierno y empresarios
En una reunión celebrada ayer, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación. La medida quedará en pausa hasta que ambas partes consensuen su reglamentación y metodología de aplicación, según informaron representantes de ambos sectores.
Giovani Ortuño, presidente de la CEPB, destacó que el principal resultado de la reunión fue el compromiso de no aplicar la disposición mientras no se logren acuerdos sobre temas clave como la especulación, el contrabando, las exportaciones ilícitas, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. “Coincidimos en que este no es el ámbito para pedir la derogación de la medida, pues respetamos la independencia de poderes. Ese debate debe darse en la Asamblea Legislativa”, afirmó.
El líder empresarial también anunció que esta semana se presentará un cronograma para avanzar en el diálogo entre el sector privado y el Gobierno, con el fin de encontrar soluciones concertadas a los problemas que afectan a ambas partes.
Posición del Gobierno
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, confirmó el acuerdo y explicó que se sustenta en tres ejes principales: la suspensión temporal de la disposición, la necesidad de una reglamentación consensuada y el respeto a las competencias del Órgano Legislativo.
Flores reiteró que la derogación de la medida no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa, y aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo con los sectores que rechazan la norma.
El acuerdo se produce tras las protestas del lunes organizadas por el Comité Multisectorial, que agrupa a varios sectores económicos del país. Los manifestantes exigieron la anulación de la disposición y anunciaron medidas de presión escalonadas hasta lograr su objetivo. Además, advirtieron que no participarán en ningún proceso de diálogo mientras la norma no sea derogada.
La decisión de suspender la aplicación de la disposición séptima representa un paso hacia la búsqueda de soluciones consensuadas en un conflicto que ha generado tensiones entre el sector privado y el Gobierno. Sin embargo, el reto ahora es alcanzar acuerdos concretos que garanticen la seguridad jurídica.
