Urgen reformar la justicia
A poco más de mes y medio para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, el sistema de administración de justicia se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del debate electoral, por las características negativas que arrastra desde hace varias décadas.
Ante esta profunda crisis de la justicia en Bolivia, los 10 partidos políticos y alianzas que participan en las elecciones en sus Programas de Gobierno coinciden en hacer profundas reformas para cambiarla, pero, con matices, difieren en las acciones a tomarse para logras su transformación.
En el diagnóstico que hacen los partidos la justicia boliviana arrastra una crisis de legitimidad institucional, de corrupción, retardación y politización que llega tanto a los jueces y vocales como a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional (TCP), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA).
El partido de Manfred Reyes Villa, Autonomía para Bolivia (APB-Súmate), propone una transformación estructural con foco técnico-institucional.
Busca rediseñar la carrera judicial, implementar una “Escuela Nacional de Servidores Judiciales, digitalizar expedientes y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos para desjudicializar procesos menores”.
En tanto, Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, propone una ruptura política total: eliminar la elección popular de magistrados mediante reforma constitucional, cerrar el TCP a través de un referéndum, y aplicar una ley especial para anular juicios considerados “politizados”.
Doria Medina propone una Reforma integral del sistema judicial basada en independencia y meritocracia.
Ambas fuerzas coinciden en que el sistema judicial necesita reformas urgentes, pero divergen en el enfoque, la estrategia y la profundidad de sus planteamientos.
Para la alianza Libertad y Progreso ADN, que tiene como candidato presidencial a Pavel Aracena, la justicia debe estar al mismo nivel que todos los Órganos del Estado y entre estos debe existir separación, coordinación y cooperación.
El plan de Aracena apuesta por conformar un sistema de justicia independiente, eficaz y transparente que garantice la igualdad. Propone además eliminar la justicia indígena originaria campesina y simplificar las leyes eliminando los reglamentos. Sigue en la Pág. 4
