Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos

Un padre de familia, en medio de sollozos, pedía la anterior semana desesperadamente justicia por el asesinato de su hijo por una turba tras una fuerte golpiza en Santa Cruz. Alegaba que confundieron a su hijo con un ladrón.

Otra escena espeluznante circuló en redes sociales cuando tres personas fueron quemadas en público en el municipio potosino de Pocoata, acusadas de robar vehículos.

Son dos ejemplos de una práctica que no se detiene en el país: los linchamientos.

En los primeros seis meses de 2026 se ha conocido la muerte de cinco personas en el país por efecto de esta práctica y varias se han salvado de ser asesinadas por la intervención oportuna de la Policía.

Linchamientos

Un linchamiento en Bolivia es un acto ilegal de violencia colectiva donde una turba ejecuta a un presunto delincuente por mano propia, sin juicio previo. Estos crímenes son impulsados por la percepción de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial, y están penados por ley.

Según el Código Penal vigente, quienes participan en estos actos son juzgados por delitos contra la vida y la integridad física. Dependiendo de las consecuencias, se aplican los tipos penales de asesinato (Art. 252): Si la agresión es planificada, hay ensañamiento o se causa la muerte las penas pueden ser de hasta 30 años de presidio sin derecho a indulto.

Corresponde a un homicidio (Art. 251), si la muerte se da en el tumulto sin los agravantes del asesinato, la pena es de 5 a 20 años de cárcel.

Pérdida de confianza

Para los organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad los linchamientos continúan siendo un indicador de la crisis de confianza en la administración de justicia. La lentitud procesal, la percepción de corrupción y la escasa presencia estatal en áreas rurales y periurbanas son señaladas como las principales causas estructurales de este fenómeno.

El sociólogo e investigador en temas de seguridad, Fernando Salazar, explicó que el fenómeno del linchamiento es algo que se ha dado desde hace muchas décadas y de las formas más crueles e inimaginables.

¿Por qué a más de un cuarto del siglo XXI, siguen sucediendo estos crímenes?

Según Salazar, una de las causas para que sigan ocurriendo los linchamientos es porque existe un manto de impunidad para con los responsables.

“Se trata de crímenes que tienen un carácter colectivo y tienden a su encubrimiento. La masa actúa en forma colectiva y comete un asesinato, y las instancias encargadas de administrar justicia no logran identificar a los actores individuales que cometen los delitos para castigarlos”, asegura Salazar.

En los linchamientos no existe distinción entre las víctimas, no importa si son hombres, mujeres, mayores o jóvenes e incluso niños cuando la multitud señala a alguien como responsable de un delito.

“En los linchamientos la sentencia es una sola: la muerte. Ahí no existe defensa, juicio o abogado, solo cumplir lo que la turba ya ha sentenciado”, señala el investigador.

Es difícil para las autoridades contrarrestar o frenar estos actos para la Policía porque son acciones de masas y los propios agentes de seguridad corren peligro.

Derechos

Según Salazar,  pocas veces la gente acusada de un crimen y en manos de un grupo enardecido suele salvarse, son actos de masa y violentos.

Otra característica de los linchamientos es que la persona acusada de robo, violación u otro delito, independientemente de si es o no culpable, automáticamente pierde sus derechos constitucionales.

Salazar detalla que pierden su derecho a la defensa y a sus más elementales derechos humanos.

Ley del silencio

Un común denominador que se da en casi todos los casos de linchamiento es la llamada “ley del silencio”.

Salazar explicó que esta “ley del silencio” se cumple tanto del lado de la masa que comete el crimen, como de la Policía encargada de resguardar la seguridad de las personas.

“Entre los propios movilizados se crea un concepto de que la masa no tiene un responsable. Se crea un espacio de encubrimiento pese a que el colectivo actúa extrajudicialmente y no respeta ninguna norma. La gente en una situación de linchamiento solo le interesa eliminar al acusado, ver sangre y ver un sacrificio humano”, explicó Salazar.

También el encubrimiento y el silencio viene de la Policía - según Salazar - porque los agentes saben muy bien quiénes han actuado en la turba.

“Desde el momentos en los sacan de la carceleta, los maniatan y los trasladan a un lugar público a las víctimas, lo policías saben muy bien quienes son responsables. Sin embargo, se sienten en peligro, en ese instante y posteriormente al acto de linchamiento. La masa no es que se disuelva definitivamente, si no que se se rearticula cuando lo ve necesario”.

Comparación

En 2025 hubo cinco muertos por efecto de linchamientos, similar cantidad que en los seis primeros meses de 2026.

Además de la diferencia en la cantidad de muertos, otro rasgo es que en 2025 los casos se concentraron en la región del  trópico de Cochabamba. En tanto, en 2026, los linchamientos ocurrieron en tres diferentes regiones.

Uno de los casos de linchamiento de este año ocurrió en mayo, en Pocoata, (Potosí) cuando una multitud retiró a la fuerza a tres personas sospechosos de cometer delitos de dependencias policiales. Una vez fuera del recinto carcelario, la turba sometió a las tres persona a torturas, la mató y dejó los cuerpos en el cementerio.

En este caso de Pocoata, las víctimas fueron quemadas cuando todavía estaban con vida y el video fue difundido en redes sociales, generando una fuerte repercusión nacional por la difusión de las graves agresiones.

Las investigaciones identificaron a varios comunarios y dirigentes; sin embargo, las aprehensiones fueron limitadas y hasta finales de junio el proceso estaba en fase inicial.

El mes pasado un joven fue acusado de intentar comercializar un vehículo robado. Una turba lo golpeó y le prendió fuego. La víctima sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo y falleció en un centro médico.

También en junio, en Santa Cruz, en el Plan Tres Mil, un adolescente de 15 años fue confundido con un presunto delincuente y atacado por vecinos, muriendo posteriormente. El caso provocó un amplio debate sobre la violencia colectiva y la ausencia de mecanismos eficaces de prevención.

La Policía intervino tardíamente e inició investigaciones hasta el momento sin resultados. Quedó la imagen del padre del menor que en medio de llanto, proclamaba la inocencia de su hijo y pedía castigo para los responsables de su muerte.