Un fiscal en la vitrina

Mientras el exfiscal Roger Mariaca emprendía el ignominioso camino hacia la ciudad de Potosí para iniciar su detención preventiva de seis meses en una seguramente fría celda de la cárcel de Cantumarca, el nuevo fiscal José Urioste se aprestaba a ingresar al Palacio Quemado para recibir el reconocimiento como máxima autoridad del Ministerio Público.

Urioste, que fue elegido tras un largo proceso de votaciones sucesivas en las que oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo, se convertirá seguramente en el fiscal cuyo desempeño será rigurosamente evaluado, no solo por quienes lo eligieron y presumiblemente esperan de él una gestión eficiente y justa, sino también por una sociedad boliviana que espera que este sea el comienzo de una nueva era de la justicia en Bolivia.

Por muchas razones, Urioste es un fiscal en la vitrina pública. Cada uno de sus actos será escrutado con el mayor de los rigores y, en primera instancia, en relación con por lo menos cuatro ámbitos en los que deberá demostrar independencia institucional, sentido de justicia, pero, sobre todo, la voluntad de generar una imprescindible señal ética para avanzar por un camino diferente.

Al nuevo fiscal general del Estado le toca dar continuidad a las investigaciones que llevaron a la cárcel a su antecesor, Roger Mariaca, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta exautoridad sería responsable de montar desde el Ministerio Público un esquema corrupto de protección y encubrimiento del narcotráfico y otros crímenes, a cambio de cuantiosos montos de dinero que se distribuían como en una pirámide, desde el principal ejecutor hasta el resto de los operadores.

La responsabilidad de Urioste es ir detrás de quienes todavía quedan en la estructura que se construyó a lo largo de varios años, si no décadas, y que convirtió en cómplice del delito a la institución responsable de combatirlo. En ese sentido, y en el corto período de tres meses de su interinato, el nuevo fiscal deberá barrer y procesar hasta el último “desperdicio” en las oficinas de esa dependencia en todo el país.

Urioste no es un funcionario que hubiera operado en el corazón corrupto de la Fiscalía, sino que desarrolló buena parte de su carrera en una periferia que pudo haberlo preservado de la contaminación más o menos generalizada que se esparció en áreas y departamentos clave para la protección del crimen y la extorsión.

Otra de sus tareas inmediatas será designar a nuevas autoridades –en los espacios que quedaron vacantes por la detención o fuga de sus anteriores ocupantes– que sepan interpretar la línea de conducta que ha comprometido Urioste en sus primeras declaraciones.

Tendrán que ser decisiones relativamente rápidas, porque así lo demanda la naturaleza de los cargos a llenar, pero lo suficientemente rigurosas en el análisis de los perfiles para asegurar que no existan nuevas manzanas podridas en el árbol del Ministerio Público.

Urioste no solo tendrá que ir detrás de quienes aparecen en las listas de personas que no podrán ingresar a Estados Unidos en el futuro, sino también de quienes aparecieron en las denuncias presentadas a raíz del presunto intento de feminicidio de la abogada Nadia Beller y que involucrarían no solo al consultor argentino Fernando Cerimedo, sino presuntamente a autoridades del Gobierno, amigos y familiares que forman parte del entorno más próximo al presidente Paz.

Eso, además de buscar esclarecer, lo antes posible, casos como el de las “narcomaletas” o el contrabando de oro que no fueron debidamente investigados y cuyos responsables fueron detenidos por períodos cortos y finalmente beneficiados con detenciones domiciliarias.

¿Qué se transportaba en las maletas? ¿Quiénes son los propietarios de ese cargamento? ¿Qué autoridades estuvieron involucradas en el encubrimiento y la protección? ¿Qué “motivación” existe detrás de las determinaciones excesivamente “benévolas” de los jueces? Todos estos son temas que deben merecer una atención igualmente prioritaria de Urioste.

Desde la vitrina y a la vista de todos, el fiscal general del Estado deberá buscar alianzas, sobre todo con la sociedad, para denunciar intentos de presión por parte del Gobierno o de otras instancias del mundo político-parlamentario y asegurar, de esa manera, el respeto que se debe a la independencia de ese despacho.

Para transitar con certeza y esperanza por un camino diferente, debería minimizarse también el eco de los debates o polémicas políticas que buscan reducir el nuevo momento a la sustitución de los encubridores de una “banda” por los de otra.

Al nuevo fiscal general le corresponde demostrar, con relativa rapidez, que no habrá distancia entre sus dichos y sus hechos, y confirmar que el Ministerio Público ya no es el refugio de roedores corruptos en los sótanos, sino una “vitrina” que, a partir de ahora, debe permitir que se realice un escrutinio social riguroso e implacable.

El autor es periodista y analista