Entre Ríos: procesarán a dirigentes por secuestro
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dirigentes de la comunidad de Entre Ríos por el delito de secuestro tras la retención, por más de cinco horas, del viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa. El grupo de comunarios exigían el sábado la libertad de tres de sus líderes acusados por el linchamiento de un presunto ladrón de motos. “Nosotros hemos calificado como un hecho grave de secuestro a una autoridad de Estado”, afirmó Romero y negó que exista un trabajo conjunto con el Defensor del Pueblo y cualquier acuerdo con la Dirección Nacional de Defensa Pública para beneficiar a los dirigentes vecinales es nulo.
“El Ministerio de Gobierno ha presentado una denuncia para que se investigue a los responsables, porque luego cuando se produce una conflicto social siempre se exige la presencia de autoridades, y éste es el resultado”, sostuvo el titular de esa cartera de Estado, Carlos Romero.
El Ministro explicó que Villa se trasladó hacia el lugar del conflicto el pasado viernes para dialogar con los comunarios que bloqueaban a la altura de Entre Ríos exigiendo la liberación de tres dirigentes vecinales detenidos en la cárcel de San Sebastián por el linchamiento de un presunto ladrón de motocicletas.
Relató que el secuestro del Viceministro ocurrió después de una reunión previa con dirigentes, pero cuando se disponía a socializar los términos del acuerdo, Villa fue “obligado a ingresar a una casa particular” donde fue rodeado por mil personas.
“Si no hay una acción de justicia contra quienes dirigen estos hechos (secuestro) no vemos que haya realmente garantías para viabilizar escenarios de diálogo ante conflictos sociales de esta naturaleza”, advirtió Romero.
Añadió que la Fiscalía de Distrito de Cochabamba tendrá que dirigir la investigación por el secuestro de la autoridad. “Tendrá que establecer quiénes son los responsables intelectuales y materiales de este hecho gravísimo”, afirmó.
Según el informe del Ministerio de Gobierno, tras el enfrentamiento que se suscitó el pasado sábado entre policías y comunarios, nueve uniformados resultaron heridos, dos motocicletas fueron quemadas y varios vehículos sufrieron daños materiales, entre ellos dos ambulancias de la Gobernación de Beni.
El presidente Evo Morales reprobó el domingo el ataque registrado en la víspera de Navidad contra policías. “Han sido agredidos dos policías que han sido evacuados al hospital, no tengo mucha información, unos compañeros comentan que también el Viceministro ha sido agredido”, dijo Morales citado en ABI.
“¿Cómo podemos defender a la gente que ha acabado con la vida? No se puede defender eso. Lo que tienen que hacer es conseguirse buenos penalistas para liberarlos”, agregó Morales.
Se conoce que la situación jurídica de los tres detenidos: el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Joaquín Coaquira Copa; el vicepresidente cívico, Eduardo Beltrán Claure —acusados por instigar al linchamiento—, y de Juan Vela Veizaga, se resolverá el miércoles en una audiencia cautelar.
SITUACIÓN DE TRES IMPUTADOS
El pasado sábado, mediante un comunicado, el defensor del Pueblo, David Tezanos, informó que se coordinó con la directora nacional de Defensa Pública, Jhenny Vaca, para la tramitación de la cesación de la detención preventiva de los tres dirigentes imputados, acusados por el linchamiento de un presunto ladrón de motos.
Sin embargo, el Ministerio de negó esa acción. “Yo he pedido que no se coordine con el Defensor del Pueblo. Tenemos muchas malas experiencias porque en el caso del asesinato de Illanes no ha aportado nada”, afirmó.
Añadió que, en el caso Illanes, la participación del defensor del Pueblo fue nefasta y pidió que cualquier acción la realice “por su lado”. Pero, ayer, Tezanos agradeció al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y de miembros de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) porque le colaboraron en su traslado aéreo hasta Entre Ríos para mediar en el conflicto.
Raúl Sandoval (21), acusado del robo de motocicletas, murió luego de ser golpeado brutalmente y quemado vivo en la cancha de fútbol del barrio Salvador en Entre Ríos en presencia niños, adolescentes, jóvenes y adultos que presenciaron su agonía como su fuese un “circo romano”. Ante esa situación, las autoridades iniciaron un proceso de investigación sobre lo ocurrido.
