Piden endurecer requisitos para elegir a jueces

Instituciones e instancias judiciales plantean una selección estricta de las nuevas autoridades del Órgano Judicial que no sólo incluya un análisis de competencias, experiencia e idoneidad de los postulantes, sino también un examen psicológico que defina si tienen o no las cualidades para asumir el cargo. Plantean además que la selección debe aplicarse a fiscales, jueces y vocales.

Si bien el Gobierno planteó seis ejes que se tratarán en la Cumbre Nacional de Justicia, los cuales se deben abordarse en las precumbres departamentales, en Cochabamba las instituciones que prepararon una propuesta para mejorar la justicia agregaron algunos otros temas  que podrían contribuir a la reforma judicial.

La primera precumbre departamental fue en Sucre, la semana pasada, y la segunda, que será en Cochabamba, fue fijada por el Ministerio de Justicia para este próximo 22 de abril; sin embargo, hasta el pasado miércoles aún no hizo llegar una invitación formal a las instituciones vinculadas al tema como el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, el Tribunal Departamental de Justicia y la Oficina Jurídica para la Mujer, entre otros. A pesar de eso, estas instituciones adelantaron que participarán del evento.

Varias de sus propuestas coinciden y ponen especial atención en el proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional.

El presidente del Colegio de Abogados, César Cabrera asegura que el proceso debe incluir un examen que defina el de tipo de personalidad que tiene el postulante, “porque hay gente muy irascible que reacciona rápidamente por cualquier cosa y por eso debería haber ese tipo de estudios”.

Agregó que se debe “comprobar que el postulante esté en condiciones de saber resolver  y estructurar una sentencia”.

“La elección de los magistrados debe hacerse fundamentalmente a través de (evaluación de) méritos y a través de (evaluación de) competencias. (...) Los jueces deben ser evaluados  para conocer realmente cuáles son sus capacidades  y cuáles  son las potencialidades que tienen o (si)definitivamente no sirven para ser jueces”, plantea la representante de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño.

Al impulsar un proceso “tan estricto”, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Nuria Gonzales, asegura que “es necesario promulgar una carrera judicial que tenga que ver con la estabilidad laboral, que tenga que ver con una adecuada remuneración y, particularmente, con un ejercicio independiente e imparcial en la administración de justicia”.

Agrega que esto requiere un respaldo a la carrera judicial de las nuevas autoridades “a través de una ley, una norma muy clara y precisa, muy exigente de las autoridades que va a ingresar al Órgano Judicial”.    

Más presupuesto

Un factor importante para hacer verdaderos cambios en la justicia pasa por asignar más recursos económicos para el Órgano Judicial, señala Cabrera, por esa razón desde el Colegio de Abogados se plantea un incremento al presupuesto equivalente al 4 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE), ya que el actual llega sólo al 0,37 por ciento.

Para Cabrera, esto tendría “implicancias grandes como la mayor cantidad de juzgados para la lucha contra la retardación de justicia, incremento al nivel salarial de los jueces para la lucha contra la corrupción, la creación de jueces de paz, la desconcentración de la justicia, etc”.    

Desconcentración

Gonzales añade que el Tribunal Departamental de Justicia propone que la desconcentración de la justicia debe incluir también la jurisdicción constitucional, creando jueces y tribunales constitucionales en cada departamento.

A esto, suma la desconcentración de la justicia en casas de justicia multimateria con especialidades, “como lo hemos pretendido hacer en un primer intento en Cochabamba, donde tenemos el ejemplo de la EPI Norte y EPI Sur”.

“Nosotros queremos desarrollar esa desconcentración generando más juzgados por especialidad familia, civil, laboral, las materias con mayor afluencia en carga y causas en la zona oeste y en ciudades intermedias también”, agregó.

“FALTA ENFOQUE DE GÉNERO”

La representante de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño, quien  junto con la Red Construir prepara una propuesta para la cumbre de justicia, asegura que no es suficiente que haya mujeres como autoridades en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, sino que se requiere de una justicia con perspectiva de género que le dé ese enfoque a las decisiones judiciales y a todas sus actividades.

“Yo creo que en justicia habría que hacer unos ajustes, pero más que el tema mismo de que son más mujeres o menos mujeres, lo que se tiene que hacer es incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial. Mientras no exista eso, será todavía muy difícil hablar de una justicia con visibilidad de género”, dice.

Manifiesta que en la actualidad la aplicación de justicia continúa teniendo “un enfoque absolutamente machista. Pretender cambiar sólo a los jueces se hace cuesta arriba, porque los abogados son los que hacen peticiones, fundamentan”, por lo tanto, sugiere empezar los cambios desde las universidades con un nuevo perfil de los abogados y de su currícula.

REFORMA CURRICULAR

Autoridades judiciales deben volver a dar clases

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Edwin Vargas, afirma que una decisión no acertada fue alejar a las autoridades judiciales como son los vocales, jueces y magistrados de las cátedras en las carreras de Derecho, por lo tanto plantea que esta norma sea modificada para que los estudiantes se beneficien de la experiencia de quienes administran la justicia.

“Esto va en contrarruta porque necesitamos esa experiencia para enseñar, por ejemplo, los procedimientos, la práctica misma del ejercicio de la profesión”, dice Vargas. La UMSS también trabajó una propuesta para la cumbre judicial enfocada en el nuevo perfil de abogado y de un nuevo sistema educativo basado en la realidad del país.  

“Existe un divorcio entre el Estado y la universidad, por ello en realidad tanto operadores de justicia como jueces y magistrados y los teóricos no estamos tomando conciencia para revertir esta situación para cambiar la justicia”, apunta Vargas.

Plantea que todas las carreras de Derecho ingresen a un nuevo sistema de educación basado en competencias que deje de lado la teoría y priorice la práctica. Remarca que una de las desventajas de las universidades públicas es el hacinamiento, en el caso de la UMSS es la carrera con más estudiantes, 12 mil.

“El nuevo perfil del  abogado debe cambiar, debe sustituir una cultura de litigio por una cultura de paz. Se deben amplificar medios alternativos de solución como la conciliación, mediación y el arbitraje”, asegura Vargas.

Especialidad

También propone la creación de un observatorio judicial y centros de investigación de capacitación docente, “es decir, no sólo capacitar a docentes dentro el derecho positivo sino tener la oportunidad de capacitar a algunos protagonistas que están con la administración de justicia indígena originaria campesina”.

Ligada a esta propuesta se plantea otorgar un año de especialidad gratuita para los estudiantes de último año de la carrera de Derecho.

Además, consolidar alianzas con las escuelas de jueces y fiscales  para que desde la universidad tengan una mejor y continúa formación y puedan, incluso, hacer una especialidad en el tema jurídico. 

CUMBRE NACIONAL

No debe incluir la política criminal

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, considera que no debe incluirse la temática de política criminal dentro la Cumbre Nacional de Justicia porque primero debe discutirse el problema estructural del problema de la justicia en Bolivia.   

“La política criminal no es motivo de discusión en este escenario, por ejemplo eso se establecerá cuando mejoremos todos los anteriores elementos y con verdaderas autoridades se haga un verdadero rediseño de la política criminal”, justificó.

Sin embargo, existen otras instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia, que consideran que es relevante tratar este tema en el encuentro del junio.

FRENTE A CRISIS

UE y ONU apoyan reforma judicial

El Grupo Internacional de Justicia (GIJ), conformado por la Unión Europea, España, Dinamarca, Suiza y el Sistema de Naciones Unidas, ratifica su compromiso de acompañar el proceso de precumbres y la Cumbre Nacional de Justicia que impulsa Bolivia.

“Expresa también su voluntad de apoyar en la implementación de las propuestas de reforma a corto, mediano y largo plazo que emerja de este proceso”, dice un comunicado. Agrega que “considerando la crisis en que se encuentra la justicia boliviana y las limitaciones que enfrenta la población más vulnerable para tener acceso a ella (...), el GIJ saluda el compromiso de las autoridades nacionales para responder al reto impostergable de reformar la justicia”.

ORGANIZA LOS TIEMPOS

Inicia ciclo de conversatorios

El Foro Regional, conformado por Ciudadanía, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos, inicia desde hoy un ciclo de conversatorios sobre la Reforma Judicial.

El primer coloquio será a las 19:30 en el auditorio de Los Tiempos con la participación de la socióloga de Ciudadanía, Vivian Schwarz, y del director del Ceres, Roberto Laserna, con el tema “La justicia como demanda social y política. Análisis del contexto en que se plantea la Cumbre y lo que las encuestas revelan acerca de la opinión ciudadana”.

La segunda jornada será el jueves 21 con el tema “La estructura institucional del sistema judicial” y disertarán José Luis Baptista, Nuria Gonzalez y Martha Saavedra.