Persecución judicial a la prensa

La Ley de la “Información Responsable” tiene por objeto “promover la transparencia de la función periodística sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información veraz e idónea”, así señala el Proyecto de Ley propuesto por cuatro legisladores del MAS.

La propuesta de Ley vulnera la Constitución Política del Estado y desconoce la vigencia de la Ley de Imprenta que regula el trabajo de los medios y protege al ciudadano de cualquier acción que perjudique su honor y dignidad. Asimismo, transgrede la protección de la Libertad de Pensamiento y Expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos del que Bolivia es signatario.

La Constitución Política en el Artículo 106, garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a réplica y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Asimismo, el Estado garantiza a los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación.

Por su parte, la Ley de Imprenta en su Artículo 1° señala que “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”, por tanto, se trata de un instrumento normativo que garantiza la libertad de expresión y que no puede ser suprimida por ninguna disposición de rango inferior a la Constitución Política del Estado.

La libertad de expresión tiene su fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 13 señala que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o, por cualquier otro procesamiento de su elección y no puede estar sujeto a previa censura.

El Proyecto de Ley, señala que antes de la presentación de información al público, se debería “tener certeza sobre la veracidad de las imágenes y de la responsabilidad de las personas que sean parte de la misma”, aunque no especifica de qué personas se tratan. Quizás de las autoridades de gobierno. —hombres públicos— que se sienten sensibles ante la crítica.

El Proyecto de Ley dice que “Serán sujetos de responsabilidad penal, civil, administrativa todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación público o privado que emitan información que de manera indebida dañen la dignidad, prestigio y credibilidad de la persona”.

Se trata de una persecución judicial a los directores de los medios, que son finalmente los responsables de la publicación, pero que repercute en los jefes de redacción periodistas, redactores, editores y fotógrafos que son parte de la cadena de la producción y circulación de noticias a través de los medios de comunicación social

Por otra parte, la presente Ley de Información Responsable “alcanza a todo medio de información público o privado que por cualquier medio manual, mecánico o tecnológico es responsable de la emisión de información”, lo que implica que los ciudadanos que se expresan libremente a través de las redes sociales, también sufrirán una persecución jurídica por sus opiniones de texto, imagen visual o fotografías, que implican control desde la esfera gubernamental.

La Ley de “Información Responsable”, propuesto por legisladores del MAS, un día después de las elecciones judiciales, donde el voto nulo concitó la atención de todos los sectores sociales, no fue nada más que una cortina de humo, para distraer y desviar el interés por los resultados y que no fueron para nada favorables al oficialismo que tiene una venda en los ojos.

El autor es periodista y docente universitario