Empresas públicas y corrupción
En días anteriores un “analista” económico sugirió que las empresas públicas pasen a ser administradas por el sector privado, debido a que éste es eficiente y “sin corrupción”, sin embargo esta propuesta no incluye el análisis de la triste etapa de la “capitalización” que tenía como uno de sus objetivos sociales el financiamiento del Bonosol; la emoción de creer en su eficiencia tan publicitada duró mucha más que las utilidades generadas. Luego de dos gestiones, las ganancias de los privados eficientes y no corruptos empezaron a disminuir y ya no alcanzaba para pagar una renta “digna” mucho menos para pensar en otros bonos sociales, poniendo en apuros al gobierno de turno.
Pero no solo disminuyeron las utilidades, sino también –gracias a la administración del sector privado–, hicieron desaparecer el Lloyd Aéreo Boliviano, dejaron nuestros ferrocarriles en la miseria, las medianas y pequeña minas las daban en arrendamiento a las cooperativas las cuales solo les quedaba trabajar de manera artesanal. Las empresas grandes como Entel tenían buena utilidad debido a que las tarifas de ese monopolio eran muy altas (teníamos una de las tarifas de telecomunicaciones más caras en Sudamérica).
Pero estos privados también incurrían en nepotismo, ya que los principales puestos ejecutivos eran ocupados por parientes de los políticos “capitalizadores”, o por sus compañeros de partido, ni qué decir la famosa “doble contabilidad”, con la cual incurrieron en el delito de defraudación fiscal. En el tema laboral, mediante contratos colectivos, dieron paso a la informalidad laboral.
Estos partidarios de regresar al pasado, mediante otra “capitalización”, olvidan que muchas veces las empresas estatales no siempre se forman para obtener utilidades económicas, también pueden perseguir beneficios sociales, así tenemos a la Empresa Boliviana de la Almendra (EBA) que logró convertir en asalariados a los castañeros que en varios casos trabajaban como esclavos, el caso de la Empresa de Apoyo a la Producción Alimenticia (Emapa) que tiene por objetivo principal el regular los precios de la canasta familiar, para evitar la especulación de las empresas e intermediarios en la comercialización de alimentos. En el ámbito municipal, tenemos al Puma Katari cuyas pérdidas en cada gestión superan los Bs 50 millones, pero es un servicio “ideal” de transporte público apreciado por la mayoría de los ciudadanos paceños.
En la actualidad, quién puede dudar de los beneficios que tenemos los bolivianos con nuestras empresas como BOA, que transporta más del 50% de los usuarios aéreos, Entel que logró incorporar la tarifa por segundo y no como en época de la capitalización cuando uno hablaba 2 ó 58 segundos le cobraban todo el minuto. Aparte de estos beneficios, y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, las empresas estatales en la gestión 2017 obtuvieron utilidades netas de Bs 1.377 millones, las cuales fueron destinado a los bonos sociales y a la reinversión de las propias empresas.
La propuesta de privatizar estas empresas estatales solamente teniendo como respaldo una teoría económica obsoleta no se adecua a la realidad nacional, personalmente creo que debería fortalecerse el control social para coadyuvar y mejorar la administración estatal.
El autor es licenciado en Economía
Columnas de MIGUEL ANGEL MARAÑON URQUIDI
















