Más allá de la visión de un abogado

Tras el Artículo difundido en el periódico “Los Tiempos” con el título “Empresa e inversión”, elaborado por el abogado  Mauricio Ochoa Urioste, en la que manifiesta malintencionadamente el cierre de empresas por el pago del segundo aguinaldo y la carencia de ley de inversiones que verdaderamente atraiga el capital privado al país, especialmente en el sector de la minería y los hidrocarburos, es pertinente aclarar las siguientes consideraciones económicas que no analiza el autor:

En tema de inversión pública, de acuerdo a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, la ejecución acumulada entre 2006 a 2018 llegó a un importe de 38.750 millones de dólares, superior en más de 5 veces al acumulado de las gestiones 1993 a 2005, donde tan solo se reflejó 7.225 millones de dólares. Así también, comparando con países de la región, considerando la información de inversión del Fondo Monetario Internacional, se puede apreciar que Bolivia tiene la mayor asignación de recursos destinada a inversión pública en 2018, con 10,9% del PIB, seguido por Ecuador con 8%, Colombia 6%, Perú 4,8%, Uruguay 4,4%, Paraguay 3,2%, Chile 2,3%  y Brasil 1,7%.

En lo referente al sector hidrocarburos, es importante recordar que el Gobierno Nacional ha destinado recursos para las inversiones en la industrialización de los hidrocarburos a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, para la implementación de la Planta de Urea y Amoniaco, Planta de Licuefacción de Gas, Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco y la Planta de Río Grande, entre las principales, de los cuales según el Presupuesto General del Estado 2019,  se espera la generación de nuevos ingresos por un importe aproximado de Bs2.263,9 millones.

En cuanto al sector minero, en 2018 surgieron nuevas empresas como por ejemplo: “Comercializadora y Exportadora de Minerales TOMSILVER S.R.L.”, “Cooperativa Industrial de Yeso 23 de Junio R.L.”, “Cooperativa Minera Nueva Uncía R.L.”, “Empresa Agroseller S.R.L.”, “Empresa Exportadora Manufacturera - MEPREBOL S.R.L.”, “Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano S.R.L”, “Empresa Minera Puca Tambo S.R.L”, “Empresa Minera Solitario S.A”, “Industria Minera Sierra Alta S.A.”, “Metalúrgica Ribeiro S.R.L.”, “Minera Vetillas S.R.L., “Runfeng Import & Export S.R.L.”, entre otras. Los cuales permiten desmentir a lo citado por Ochoa de que no existen inversiones de empresas a este sector.

Por otra parte, de acuerdo a la información de Fundempresa, en febrero de 2018 la Base Empresarial Vigente del Registro de Comercio de Bolivia ha reflejado 315.868 empresas y en febrero de 2019 llega a 318.660 empresas, superior en 2.792 empresas. Asimismo, la inscripción de empresas en el mes de febrero de 2018 fue de 3.095 empresas y para febrero del año en curso aumenta a 3.341 empresas, es decir un crecimiento de 8% respecto a 2018.

Además, según la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, supermercados y pasajes aéreos reflejó un crecimiento de 7%, de 1.761 millones de dólares en 2017 incrementa a 1.877 millones de dólares para 2018.

Asimismo, las exportaciones en 2018 han reflejado un crecimiento de 9%, de 8.194 millones de dólares en 2017 incrementó a 8.965 millones de dólares para 2018, de los cuales el sector manufactura refleja 3.100 millones de dólares, hidrocarburos con 3.042 millones de dólares y Minería con 2.389 millones de dólares, entre las principales.

Por todo lo citado, refutando al análisis parcial y malintencionado de Ochoa, concluyo que las empresas no han cerrado como manifiesta y que no se encuentran en su peor momento. El segundo aguinaldo dinamiza la economía porque tiene un efecto multiplicador, la mayor demanda de las personas se ha visto reflejada en el incremento de 7% del valor de ventas y/o servicios facturados, hecho que ha beneficiado a empresas. Por otra parte, el incremento en la inscripción de empresas de 8% en febrero respecto a la pasada gestión así como el crecimiento de 9% en 2018 de las exportaciones, permiten deducir que existe inversión bajo normativas legales vigentes.

La autora es economista