Poder del crimen y crimen en el poder

La ‘Ndrangheta es una empresa criminal italiana originaria de Calabria, pero hoy mucho más transnacionalizada que sus más conocidas hermanas, la Cosa Nostra y la Camorra; desde la década de los 90 se habría convertido en la más poderosa de todas.

Desde hace un tiempo no exactamente precisado, estaría operando en Bolivia, un país con un Producto Bruto Interno (PIB) de alrededor un 30% menor que los ingresos anuales de la ‘Ndrangheta, que llegarían a los 60.000 millones de dólares, según Francesco Forgione.

Recién anteayer, domingo 5 de mayo, gracias a un reportaje de Carolina Méndez en las páginas del matutino Página Siete, hemos conocido que la más importante compañía delictiva europea tiene filial en nuestro país y que su representante, de nombre Roberto Montenegro Paz, era amigo predilecto del exdirector de la Fuerza Especial contra el crimen (Felcc) de Santa Cruz por tres años continuos, el coronel Gonzalo Medina Mendoza. Esa y otras influyentes autoridades —algunas identificadas, otras no aún— también próximas a Montenegro, explican porque era conocido como el Intocable.

El Intocable alcanzó su sitial privilegiado, siendo bastante joven, y el paso decisivo lo dio al afiliarse a uno de los más importantes carteles brasileños, como corresponsales o asociados de los patrones italianos, de modo que nuestra adscripción nacional a la red mundial sería, supongo, secundaria. El músculo económico de la ‘Ndrangheta, más la espontánea maestría en relaciones públicas de Montenegro Paz, detectado y requerido por la Policía Internacional desde 2015, son piezas importantes para justificar su acelerado ascenso, dentro y fuera de las redes delictivas.

Pero, ambos elementos no terminan de explicar cómo consiguió blindarse, mientras se mostraba como frecuente y despreocupado visitante habitual no sólo de la Felcc cruceña, sino del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Un abogado, colega suyo, citado en el reportaje, cree que además los regalos del Intocable, que le valieron una condecoración pública de la Felcc, y su impactante influencia se explican porque sus relaciones “No son policías corrompidos (…). Son integrantes de la red narcotraficante que al fungir como policías garantizan el éxito de las operaciones”.

Lo que flota en el aire es saber si la corrupción se circunscribe exclusivamente al ambiente policial, ajustándose a la descripción cinematográfica de “Los infiltrados” (The Departed), donde el director Scorsese se refiere a la historia de un oficial de Policía, plantado desde la Academia, por su padrino el mafioso irlandés Costello.

Nuestra realidad sobrepasa a la película, porque aquí el protagonista se proponía ser juez y su rango de contactos iba mucho más lejos. Estos descubrimientos reiteran varios episodios que comprometen a varios jefes y oficiales en múltiples delitos. Y, están también las redes de abogados asesores del ministerio de

Gobierno y de fiscales, dedicados a la extorsión profesionalizada, contando, desde luego, con satélites policiales.

Cuando hace pocos años, el Presidente ordenó que la Policía debía erradicar la corrupción de sus filas “en 90 días” (sic), probablemente no alcanzaba a comprender lo complejo que resultaba alcanzar ese objetivo y, mucho menos, de que la intromisión partidista, cada vez más presente y agresiva sobre esa institución, iban a degradarla hasta donde se encuentra.

Esta situación actual es más profunda y extendida de lo que parecen entender ministros, legisladores o jefes del partido de Gobierno, que creen que pueden jugar y especular electoralmente con ella. La descomposición de la Policía marcha paralela e inseparable a la del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional, lo mismo que de un Órgano Electoral, perforado por renuncias, acusaciones, contravenciones de la ley y una honda desconfianza pública.

El episodio de un prófugo y sus amigos policías es parte de un cuadro general de desmoronamiento de lo que suele llamarse ley, justicia y orden, en medio de un socavamiento, desde la cúpula del poder, de esas instituciones y la Constitución, planteando así un problema de Estado y una duda central sobre el poder del crimen en el centro mismo del poder.

El autor es director del Instituto Alternativo