Gobierno e institucionalidad
Hace 45 días que la conducción del Estado Plurinacional de Bolivia, denominación oficial de la república en la que vivimos, está en manos de un Gobierno de transición que, como su nombre lo indica, tiene la misión específica de conducir la transición política del país hacia la elección, instalación y vigencia de un Gobierno cuyas facultades plenas resultan directamente de las urnas, de la confianza que depositen en él los bolivianos mediante sus voto.
Hoy se vence la mitad del plazo que otorga la Constitución Política del Estado a un Gobierno de transición, como el que ejerce la presidente Jeanine Áñez, para que convoque a los comicios generales necesarios para la instalación de un nuevo Gobierno constitucional cuyo mandato durará cinco años.
En estas seis semanas y tres días de ejercicio de sus funciones, el Gobierno de transición está cumpliendo con evidente cabalidad su misión primordial. Así lo prueba la promulgación de la Ley del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, sancionada en la Asamblea Legislativa 11 días después de la asunción de Áñez a la primera magistratura.
Como efecto de esa ley, el Parlamento eligió a un nuevo Tribunal Supremo Electoral, aplicando un procedimiento ajustado al ordenamiento jurídico nacional y cuya transparencia fortalecen la confianza ciudadana en el Gobierno de Áñez.
Esa es sin duda una señal inequívoca del apego del régimen transitorio a la institucionalidad del Estado.
Sin embargo existen otras señales que resultan de las decisiones del Gobierno transitorio en ámbitos ajenos a su misión y cuyos posibles significados propician cuestionamientos y, en algunos casos, cierta inquietud acerca de la visión que tiene del ejercicio de sus facultades constitucionales, de los propósitos políticos y de sus proyecciones en la perspectiva de las elecciones generales y de la gestión a la cabeza del Estado en los seis meses de mandato que tendrá aún, como mínimo, hasta la extinción de sus funciones.
Así, en el plano de las relaciones exteriores, el restablecimiento de relaciones diplomáticas –o el anuncio de esa intención– con algunos países, el retiro de Bolivia de instancias internacionales y la adhesión a otras. Y, en el plano de la política interna, la persecución judicial a los responsables de hechos de corrupción y de daño económico al Estado –cuyo afán contrasta con la ausencia de acciones eficaces para restablecer la presencia policial en el trópico de Cochabamba– y la adopción de medidas económicas, como la reducción de tarifas de energía eléctrica cuyo impacto real es desproporcionado respecto de su despliegue mediático. Esas y otras señales dan a lugar a tener que el Gobierno transitorio esté descuidando la otra misión, intrínseca pero no de menor importancia, de su mandato: el restablecimiento pleno de la institucionalidad en el país.
