La reinvención de las empresas

La economía boliviana sale de cuarentena radical sin sistema de salud preparado ni un programa económico de reactivación integral. Lo que existen son algunas medidas aisladas y confusas, pero sin un norte. Un ejemplo son las contradicciones de la política crediticia.

Según la Ley 1294, los créditos deben pagarse seis meses después de que se termine la Emergencia por la pandemia del coronavirus, declarada por el Gobierno. Aquí surgen las interrogantes. ¿Esto significa después de la cuarentena dura o de la cuarentena dinámica? Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo se ponen de acuerdo. Una posible interpretación es que la declaratoria de emergencia termina este lunes, cuando se levante la cuarentena dura, por lo que los pagos de créditos se iniciarían solamente en noviembre.

El Poder Ejecutivo tiene otra lectura. Determinó diferimiento de pago de créditos, primero por tres meses, hasta finales de mayo. En la semana que termina, el Gobierno ha aumentado el plazo a otros tres meses, en este caso hasta agosto.

La pulseta y contradicción en la interpretación de la normativa genera mucha incertidumbre y confusión entre las empresas y las personas que tienen créditos.

Por otra parte, en el tema de los préstamos bancarios, en ningún momento se habla de rebajar las tasas de interés y/o aumentar los plazos. Se dice que los bancos deben realizar estas negociaciones con personas y empresas de manera bilateral. Esta relación es muy desigual. Favorece a los bancos. Claramente, falta una normativa que cree un marco de incentivos, prioridades de sectores, y límites para una negociación más equilibrada.

Además, si la política fiscal expansiva que está llevando adelante el Gobierno (incremento de bonos, reducción de impuestos y mayor inversión pública) no es acompañada por una política monetaria también más flexible –es decir bajando la tasa de interés– el paquete de reactivación económica no está completo.

El diferimiento ciego de todos los créditos genera un problema de riesgo moral. Esto significa que no se distingue entre personas y empresas que sí pueden pagar el crédito, de aquellas que no pueden hacerlo, que ciertamente son la mayoría. Para evitar los comportamientos oportunistas de aquellos que sí pueden pagar y no lo hacen se debería crear sistemas de incentivos a los buenos pagadores. Por ejemplo, en años en que la economía decrece o tiene un crecimiento menor al 1%, al buen pagador se le condona los intereses de un mes.

La crisis económica del sector real no puede convertirse en una crisis financiera. Por supuesto, es preferible que la política pública apoye a empresas, a que tenga que salvar bancos. Esto último es políticamente antipático. Cuanto más largo es el periodo de diferimiento del pago de créditos y mayores son las dificultades de recuperación de las empresas se amplía la posibilidad de crisis financiera. Si esta ocurre todos perdemos.

Entonces, la prioridad es apoyar al sector productivo y comercial del país, a través de políticas públicas integrales. El tejido empresarial no sólo requiere de financiamiento. Es conocido que las empresas nacionales no cuentan con ecosistemas que las ayuden a resolver temas como mejores planes de negocios, baja productividad, capital humano no calificado, escaso desarrollo de mercados, y un largo etcétera. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para reinventar la política productiva e industrial. La prioridad debían ser las pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de los empleos. Siempre hay que recordar, que la mejor política social es un empleo de calidad.

En el marco de una política industrial, una alternativa es crear fondos estatales administrados por el Banco de Desarrollo Productivo, pero canalizados por el sistema financiero. Se podría comenzar con fondos financieros para los sectores de la construcción, manufacturas, turismo y gastronomía. También debe crearse un programa ágil –público con apoyo de bancos y financieras– que se ocupe de los casos de quiebra, del salvataje y reconstrucción/reinvención de empresas.

Para beneficiarse con la asignación de esos recursos, las empresas deberían tener tres estrategias: transformación digital y energética, cuidado del medio ambiente, y empleos de calidad. Estas estrategias se desarrollarán con apoyo estatal y del sistema financiero. Pongamos un ejemplo: Créditos blandos deben ir acompañados de tecnologías de la digitalización, el empleo de plataformas para que las empresas usen comercio electrónico y facturación, pago de impuestos y firma digital. Asimismo, deben contar con programas de capacitación en tecnologías de la información. Para los nuevos emprendimientos, priorizar los de base tecnológica y aquellos que participen de ecosistemas como incubadoras, aceleradoras y espacios de trabajo compartido.

El autor es economista