En el país de los ahijados

Nadie sabe en realidad quién es, pero su nombre es lo de menos. Lo que refleja su conducta es lo que importa. La “ahijada” presidencial violó las restricciones impuestas para prevenir los contagios del Covid-19, pero no estaba sola, sino junto a muchos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que no encontraron mejor manera de celebrar el aniversario de esa organización que entre copas, sin barbijos y fuera de horario.

Las conductas abusivas no son nuevas en el Gobierno. En la gestión de Evo Morales hubo muchas y algunas verdaderamente escandalosas. Quién no recuerda a Gabriela Zapata, hoy encerrada en la cárcel de Miraflores, pero dicen que lista para salir a disfrutar de lo que dejó fuera.  Ella se dio el lujo no solo de sacarse fotos en las escaleras de su mansión en la zona sur de la ciudad de La Paz, sino de hacerlo mientras mostraba fajos de billetes de dólares que eran seguramente producto del tráfico de influencias.

Zapata fue la novia del expresidente Morales y un contacto de lujo de la empresa china CAMC para obtener la adjudicación de obras o ganar millonarios contratos que sumados rondaron los 500 millones de dólares. La diva andina amasó una fortuna aprovechando sus vínculos amorosos y la ostentó cuantas veces pudo, incluso en publicaciones del jet set criollo.

Hoy el caso de la beneficiaria del cariño presidencial ha quedado prácticamente en nada. Después de haber negociado a nombre del Gobierno, sin oficialmente ejercer ningún cargo público, solo está detenida por causas que no implican largas condenas. En este proceso, por increíble que parezca, no hay nadie más involucrado, pese a que la señora Zapata tenía cómplices al más alto nivel en el Ejecutivo.

Hay abusos que son delitos, como los de Zapata y otros que son anécdota, como el del exdiputado masista, Domingo Soto Farfán, quien se desnudó en el aeropuerto de Cochabamba y lanzó amenazas contra quienes tuvieron el atrevimiento de pedirle que se vistiera y dejara de hacer escándalo, o el de otros que se escudaron en sus cargos para ejercer “su derecho” a conducir vehículos oficiales en estado de ebriedad.

O el de una exministra que hizo desaparecer millones en obras inexistentes y que ahora goza hasta de inmunidad diplomática, junto a otros ahijados que sin más “mérito” que el de haber cometido algún delito o tener algún parentesco oportuno ocupan cargos en el servicio exterior.

El poder tiene esas cosas que el ciudadano común desprecia. Que el presidente Luis Arce no viva en la residencia oficial, sino en su departamento privado de Miraflores y que su comitiva de seguridad sea mucho más reducida que la de Evo Morales no significa mucho si aparecen casos como el de la “ahijada” rencorosa que se dedicó a insultar a “pititas” y a jurar venganza contra exautoridades.

El problema de fondo es que el Estado es un gran ausente en Bolivia. Si las autoridades no pueden o no quieren dar el ejemplo, es difícil exigir que los “ahijados” o “ahijadas”, los dirigentes o funcionarios lo hagan.

Si el jefe de la Policía es el ministro de Gobierno, lo más probable es que la militancia oficialista ignore las normas que rigen para la seguridad interna y de las personas, porque en su condición de “masistas” están por encima de las leyes y de los derechos de otros ciudadanos.

Si la justicia es un brazo más de la represión política, si se diseñan procesos a la medida de algún líder opositor, si se fabrican casos con la misma facilidad que se produce una marraqueta, entonces la sensación de vulnerabilidad es muy grande. La justicia tiene fines que el ciudadano desconoce o, en todo caso, se ejerce en función del interés de unos cuantos y de espaldas a la mayoría. Es una justicia “ahijada”.

La propia Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre todo la mayoría oficialista, se ha convertido en una suerte de “ahijada” obediente. Hace rato que dejó de ser un poder independiente y un factor de equilibrio democrático. Allí se hace lo que el jefe/presidente dice. La imposición reemplaza al debate y la oposición es casi parte de un decorado inútil.

Cuando un “ahijado” ministro acude a una interpelación, de antemano se sabe que saldrá bien librado. De censura, ni hablar, independientemente de que en su gestión haya incurrido en alguna irregularidad o abuso. A fin de cuentas, las manos se levantarán para votar por el orden del día puro y simple y la autoridad se despedirá de los opositores con una mueca de burla.

También hay masas “ahijadas” que defienden su derecho a no utilizar el barbijo o que amenazan con “medidas radicales” si a alguien se le ocurre la “absurda” idea de restringir la circulación a determinadas horas para cuidar la salud de la gente. Y si alguna autoridad, alcalde o gobernador de oposición, se atreve a disponer que nadie salga un fin de semana, entonces la “ahijada” policial no interviene, ni asegura que esas disposiciones se cumplan.

Los “ahijados” cocaleros no solo pueden cultivar coca en zonas ilegales para venderla a los narcotraficantes, sino que disponen de aeropuertos propios para trasladar sus productos, mientras otros “ahijados” institucionales se hacen de la vista gorda. Por si esto fuera poco, los defensores de los cultivos ilegales llegan a presidentes o figuran en la línea de sucesión presidencial.

En el país de los “ahijados” hay delitos que desaparecen y otros que se inventan, hay delincuentes devenidos héroes y héroes mancillados. Hay ahijados a sueldo dispersos en redes sociales que insultan, calumnian y difaman a los que piensan diferente y hasta ahijados letrados o ideólogos que elaboran densas teorías para justificar lo injustificable y defender a los indefendibles.

El caso de la señorita que, pasada de copas, sacó a relucir sus relaciones con el poder para no ser detenida por ignorar las restricciones contra la Covid es apenas una desagradable anécdota, un breve capítulo en la vergonzosa historia que se construye día a día, con múltiples ahijados e innumerables abusos.

El autor es periodista y analista