Infame abuso del poder
Eidy Roca tiene 69 años, padece encefalitis, parkinson y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se alimenta por sonda, apenas puede hablar y sus expectativas de vida, en el mejor de los casos, son de cinco años. Para sobrevivir ese tiempo necesita con urgencia atención médica especializada, a la que no puede acceder porque no existe en Bolivia y la administración de justicia le impide salir del país.
Fue ministra de Salud en los últimos cinco meses del gobierno transitorio y está en detención domiciliaria desde 2021, en el marco de un juicio por la compra de respiradores, cuyo contrato de adquisición fue firmado antes de que ella asuma la cartera ministerial.
Roca solicitó, en tres oportunidades, autorización a las instancias judiciales para atender las urgencias que imponen su deteriorado estado de salud. Las tres solicitudes le fueron negadas.
Como último recurso, apela al Presidente del Estado rogándole que se informe sobre su situación con “las autoridades competentes e interceder para que se (le) conceda permiso para tratar esta rara enfermedad en el exterior”.
La respuesta que recibió parece desahuciar posible esperanza: “Está enfrentando un proceso judicial y es en el marco de esas instancias que debe presentar la documentación correspondiente. Su solicitud y descargos médicos deben ser presentados ante el Órgano Judicial, quien debe valorar para determinar su salida”, respondió la Ministra de la Presidencia.
“Sólo gente infame puede utilizar el poder con tanta crueldad e inhumanidad utilizando una justicia miserable como la boliviana”, sentencia un exembajador de Bolivia en la OEA, al referirse a la penosa situación de la exministra de Salud.
La expresión de diplomático traduce el sentimiento de cualquier boliviano sensible al sufrimiento humano.
Una sensibilidad que, con toda evidencia, carecen las autoridades judiciales y gubernamentales que conocen el caso de la exministra. En su carta al Presidente, ella evoca los casos de exautoridades “obtuvieron salvoconductos para viajar al exterior por temas de salud”, como el mismo Luis Arce en diciembre de 2019.
Para la Ministra de la Presidencia, las situaciones son “totalmente distintas”, porque Roca no es una perseguida política.
Así se evidencia una vez más que para este régimen de gobierno la vida y la salud de los bolivianos tienen un valor determinado por su militancia política, como es el caso de César Apaza, dirigente cocalero opositor al MAS que, paralizado de medio cuerpo, continúa preso en Chonchocoro.
