Santa Cruz, entre amenazas y desafíos

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022, Santa Cruz sostuvo uno de los paros cívicos más largos de su historia en demanda de la realización del censo de población, luego de que el Gobierno decidiera postergarlo para 2024. En respuesta a esta medida, grupos afines al partido de gobierno llevaron adelante un cerco a la ciudad, impidiendo la entrada y salida de productos por 13 días, en una de las acciones de retaliación más despiadadas de bolivianos contra bolivianos que se hayan visto jamás. Paralelamente, a causa de este mismo conflicto, el gobierno nacional decidió suspender las autorizaciones para exportar carne, azúcar y soya producidas en Santa Cruz, generando millonarias pérdidas a los agroproductores, ganaderos y pecuarios.

Días después del paro, en un operativo irregular y no exento de violencia, el gobernador cruceño fue apresado y trasladado a La Paz, donde permanece hasta hoy, dejando sin máxima autoridad electa al departamento más grande del país.

Casi de inmediato, en febrero de 2023, se produjo un segundo avasallamiento en el predio Las Londras de la provincia Guarayos, con uso de armas de fuego, y agresión al personal y a los policías que resguardaban el lugar. Esta acción delictiva evidenció que la primera invasión ocurrida en 2022, donde se secuestró y torturó a periodistas, se mantenía en la impunidad, al igual que los 27 avasallamientos en el departamento, protagonizados por el mismo grupo.

En marzo, el Gobierno emitió dos decretos para controlar la comercialización de carburantes ante el aumento de la importación de diésel y la mayor demanda de dólares. La medida nuevamente afectó con más rigurosidad a los productores agropecuarios cruceños con el agravante de que se implementó en plena época de zafra.

Durante este conflicto, se produjo, también en Santa Cruz, uno de los más graves escándalos financieros de los últimos años, con la intervención del Banco Fassil, el tercero más grande del sistema, colapsado por aparentes manejos dolosos de parte de sus ejecutivos y propietarios, la falta de control y la permisividad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La caída del banco, con sus graves repercusiones, ha conmocionado al país, puso en vilo al sistema financiero nacional, dejó sin empleo a más de 3.500 trabajadores en el departamento y pone en riesgo a cientos de proyectos y emprendimientos relacionados con la producción y la generación de fuentes de trabajo.

A todo esto, debe sumarse la paralización de proyectos de gran importancia como el hub  de Viru Viru o la Hidrovía, el sostenimiento del cupo a las exportaciones agrícolas, la prohibición del uso de la biotecnología o las graves denuncias de corrupción en la pasada gestión municipal, que muestran un incremento inusitado de las acciones y decisiones que, desde dentro y desde fuera, afectan el progreso, la transparencia y el desarrollo del departamento.

Ante estas evidencias, resulta razonable creer que existe una velada intención de dañar la estructura económica de la región más próspera de Bolivia, sin considerar que este plan siniestro afectará irresponsablemente al resto del país. Pero también parece evidente que Santa Cruz se ha convertido en un campo de batalla de poderosos intereses que pretenden mantener en un caso, o alcanzar en otro, el control de sus instituciones y sus recursos, y para ello buscan neutralizar a la competencia apelando a la violencia, la desestabilización y la incertidumbre.

Es indudable que muchas medidas tomadas desde el Gobierno apuntan a neutralizar o disminuir la importancia electoral y la incidencia política que ha logrado Santa Cruz en los últimos años, pero lo es también que la clase dirigente cruceña no ha tenido la suficiente lucidez para entender el contexto histórico, la situación actual y el rol que le corresponde desempeñar, no solo en relación con el departamento, sino como parte de un país que se transforma irreversiblemente.

Un hecho aislado no puede explicar la acumulación simultánea de factores que cuestionan, afectan o atentan contra el desarrollo económico, la estabilidad institucional y la normalidad social del departamento. No podemos perder de vista que son tan nocivos el centralismo obtuso, como el corporativismo violento o los movimientos radicales porque todos son retrógrados, limitativos del progreso y opuestos a la libertad y la justicia, y, de alguna u otra manera, todos confluyen en este momento en Santa Cruz.

Cada vez es más evidente que la región cruceña se encuentra en un momento de inflexión y de riesgo que ponen a prueba su fortaleza, unidad, principios y recursos y que en esta situación ya no alcanzan los discursos exitistas, las especulaciones apocalípticas ni las lamentaciones victimistas. Es tiempo de una reflexión sincera, profunda, inclusiva y serena sobre nuestro rol en la construcción de Bolivia y en el sostenimiento de los valores que nos permitieron alcanzar el sitial que hoy tenemos.