Respuesta a la Cainco

He leído con mucha atención las preguntas que dirige la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) a los precandidatos a la presidencia en las elecciones generales de este año.

En primer lugar, sí propongo reducir el peso del Estado en la economía. Y no sólo reducirlo, sino también cambiar el rol del Estado en la economía. Creo que un Estado no tiene, ni debe tener, la responsabilidad de producir bienes ni servicios para el consumo nacional o la exportación. El deber del Estado es regular, supervisar, administrar la políticas monetaria y fiscal, administrar la justicia, establecer relaciones internacionales que favorezcan a sus habitantes, pero de ninguna manera producir bienes ni servicios. Sólo me refiero al rol del Estado en la economía, aunque tenga otras responsabilidades en otros ámbitos, como la defensa de la soberanía, la seguridad ciudadana o la educación, para dar unos ejemplos.

Para reducir el déficit fiscal me he propuesto adoptar tres medidas que prácticamente lo eliminan: (a) eliminar los subsidios a los combustibles y hacerlo en una sola acción, nada de gradualismos que sólo generan dolor continuo e incertidumbres; (b) cerrar todas las empresas públicas deficitarias o transferirlas a sus trabajadores a cuenta de beneficios sociales y (c) reducir la planilla del Estado en 15 por ciento. Quisiera hacerlo en mayor porcentaje, pero lamentablemente esto es imposible y no quiero hacer falsas promesas.

En materia de política monetaria, me comprometo a estabilizar y unificar el tipo de cambio. La manera de hacerlo incluirá el aumento de la oferta de dólares y el funcionamiento del Bolsín del Banco Central de Bolivia, que tan buenos resultados dio en el pasado. Para aumentar la oferta de dólares implementaré tres medidas.

Primero, eliminaré —el día uno de mi gobierno— todas, absolutamente todas las restricciones a las exportaciones, que son la principal fuente de ingresos de dólares a Bolivia.

Segundo, invitaré a la inversión extranjera a invertir en Bolivia, para lo cual es necesario crear un entorno atractivo y amigable para dichas inversiones. Ello requiere no sólo seguridad jurídica. Requiere también hacer licitaciones públicas internacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos, para desarrollar el litio, para restablecer la producción minera. También requiere reducir la calificación de riesgo país y reanudar la adhesión de Bolivia a las instituciones de solución de controversias. En consecuencia, se restablecerán las relaciones de nuestro país con el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, N. del E.), por dar un ejemplo.

Finalmente, acudiré a la cooperación internacional para negociar, con la experiencia que tengo en el tema, créditos de libre disponibilidad sin condiciones, ya que esta es la fuente que más ágilmente incrementará las reservas internacionales y, a la vez, dará las señales correctas al mercado.

En cuanto a la inflación, es previsible que las medidas descritas anteriormente implicarán un reajuste de precios inicial. Ninguna otra propuesta, ni mía, ni de nadie, podrá evitar esto. Pero si se establecen las condiciones para garantizar la libre competencia en la economía, será el mercado el que garantice que la inflación sea baja luego del reajuste inicial. Además, les medidas que he descrito para reducir el déficit fiscal reducirán también la necesidad de que el Banco Central financie al Tesoro General de la Nación con emisión inorgánica de moneda, lo cual reducirá también las presiones inflacionarias.

En materia de autonomías y pacto fiscal, promoveré un gran diálogo nacional con participación de todas las instituciones afectadas. Y llevaré las propuestas de mi Gobierno a dicho diálogo. Por ejemplo, creo que la discusión sobre las autonomías debe tener una visión más amplia que la circunscrita sólo a los límites departamentales. Se debe abrir la discusión a la posibilidad de autonomías regionales que abarquen municipios en varios departamentos (como el Chaco o el norte amazónico), reconociendo los errores del pasado.

En materia del nuevo pacto fiscal, creo que el mismo debe incluir no sólo la transferencia de recursos a las entidades autonómicas, si no también la posibilidad de que éstas puedan generar recursos propios, así como la distribución de las responsabilidades del gasto público. Una vez concluido el diálogo nacional propuesto, enviaré las conclusiones a un referéndum nacional.

La reforma del sistema judicial es un imperativo, tanto para la economía como para la convivencia social en democracia. En mi criterio, esa reforma debe pasar por un acuerdo político entre todas las fuerzas con representación parlamentaria, en consulta con entidades nacionales e internacionales que puedan hacer recomendaciones ajustadas a la realidad boliviana.

Estoy convencida de que es necesario eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional y sustituirlo con una sala constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. También estoy convencida de la necesidad de eliminar la elección de jueces por voto popular y de remplazarla por un sistema en el cual entidades independientes y con experiencia (como el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, las facultades de Derecho de las principales universidades y otras similares) hagan la preselección de candidatos y sea la Asamblea Legislativa la que tome la decisión, sobre la base de entrevistas.

No me cierro a otras opciones que hayan dado buenos resultados en países similares a Bolivia. Soy abierta al diálogo. Por último, no creo que sea sólo el Poder Judicial el que deba ser independiente. Creo que una democracia sólida requiere la independencia de todos los poderes del Estado. Desde la cabeza del Ejecutivo, prometo respetar este principio fundamental mediante los hechos de mi Gobierno.

Por último, la cohesión social será una realidad en la medida que el Ejecutivo no haga abuso de poder. Ello pasa por las ya mencionadas licitaciones. Por otro lado, me propongo que toda contratación de empleados públicos sea mediante concurso de méritos, como lo hice cuando presidía la Aduana Nacional. En los primeros 30 días enviaré a la ALP un proyecto de ley de acceso a la información pública y datos abiertos. Son medidas de esta naturaleza las que restablecerán la confianza del ciudadano en la autoridad pública.

Espero haber respondido a la mayor parte de sus inquietudes. Pero estoy consciente que habrán preguntas derivadas y preguntas sobre otros temas importantes para nuestro país, como la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana, las relaciones internacionales, el control del narcotráfico y muchas otras. Por ello, estoy a su disposición para continuar el diálogo en una reunión presencial, ya sea con su directorio o, mejor aún, con todos sus afiliados. Quedo a la espera de su invitación.

La autora es precandidata presidencial