Tragedias en los colegios
Lo ocurrido el Día de la Primavera en un conocido colegio de la ciudad de Oruro, donde se improvisó un concierto con un grupo de moda sin prever medidas de seguridad y derivó en una tragedia por la muerte de dos personas, una universitaria de 22 años y una estudiante de 16,no puede volver a repetirse.
La dolorosa situación no enseña que la seguridad no es negociable, por lo que urge regular con más efectividad los eventos extra académicos que se realizan en los establecimientos educativos, recordando que la infraestructura pública está destinada únicamente a la educación y el deporte. Sin embargo, se suele confundir esta función y se destina a veladas que persiguen recaudar fondos con diferentes fines sin medir las consecuencias para las personas que asisten.
Si bien, la vida escolar debe centrarse en un equilibrio entre la formación académica y la socialización de los niños y jóvenes. Por ello, las actividades como fiestas de graduación, conciertos benéficos y festivales culturales, aunque son valiosas para la cohesión y el esparcimiento, no puede realizarse a costa de la seguridad ni la vida de las personas.
Son dos vidas las que se han perdido: María Renée era una estudiante de secundaria llena de vida y sueños que se truncaron cuando una avalancha, presuntamente, de personas que al no poder hallar entradas para ver al grupo de moda provocó una avalancha mortal. La otra víctima, Alejandra, era su prima y tenía la ilusión de ser abogada. Ambas viajaron desde Huanuni para participar del concierto; al igual, que los cientos de jóvenes que acudieron y que pudieron correr con la misma suerte.
La investigación apunta a que la tragedia se debió a una cadena de acontecimientos en la que además participaron diferentes actores, desde padres de familia pasando los profesores hasta funcionarios municipales y concejales.
Los hechos muestran la permisividad con la que los organizadores, en este caso padres, profesores y directores, actuaron al no controlar el aforo, la venta de entradas, el control de acceso de personas ajenas a la institución y la ausencia de personal de seguridad y primeros auxilios.
Hasta ahora, solo la Alcaldía de La Paz se ha pronunciado para prohibir la realización de fiestas o conciertos en los colegios. Ninguna otra instancia, como el Ministerio de Educación, se ha manifestado para señalar las acciones que se asumirán para que esta tragedia no se vuelva a repetir.
Lo ocurrido en Oruro si bien es el hecho más dramático que hemos conocido no se trata del único caso. En Cochabamba, por ejemplo, este año más de 20 estudiantes resultaron intoxicados en la verbena de un colegio, pero nunca se dieron a conocer las causas y menos a los responsables.
La tragedia en Oruro, al igual que otros incidentes evitables, debe servir como un factor para el cambio. Las autoridades y las juntas escolares tienen la obligación moral y legal de proteger a los estudiantes.
