Activistas marchan y protestan cerca de la residencia de México
Representantes de plataformas ciudadanas y activistas marcharon ayer en la zona sur de la ciudad de La Paz para exigir justicia y respeto a la soberanía boliviana, una movilización que terminó en inmediaciones de la residencia de la embajada mexicana.
La Policía custodia ese recinto diplomático que aloja a colaboradores del expresidente Evo Morales acusados por sedición, terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos.
“No queremos que escapen; queremos que estén aquí para que acudan a la justicia”, manifestó una joven activista.
Vecinos de la urbanización La Rinconada y de otras zonas mantienen una vigilia en el sector para evitar la fuga de exautoridades sobre las que pesan órdenes de aprehensión.
“Ésta es una marcha de apoyo a nuestros compañeros que están en vigilia de noche y de día. Esto es para mostrarles el apoyo de las plataformas ciudadanas”, dijo Guillermo Paz, miembro de la plataforma Basta Ya.
La movilización congregó a decenas de vecinos que recorrieron las calles expresando también su respaldo al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.
La movilización no pudo llegar hasta puertas de la residencia porque un fuerte contingente policial estaba resguardando el lugar, pero además porque los activistas señalaron que tenían información de la presencia de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) infiltrados en la marcha y que pretendían hacer desmanes con el fin de dañar la imagen de la protesta pacífica.
La residencia de la embajada de México asila a una decena de exautoridades del Gobierno de Evo Morales que aguardan su salvoconducto para salir del país. Cuatro de los exfuncionarios se encuentran con orden de aprehensión por presuntos delitos electorales, de terrorismo y sedición, entre ellos, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y la exministra de Culturas Wilma Alanoca.
INCIDENTE DIPLOMÁTICO
El pasado 27 de diciembre en la Residencia de México, se registró un incidente en el que participaron seis policías españoles encapuchados y diplomáticos de ese país.
El Gobierno transitorio de Bolivia denunció que se trataba de un operativo que pretendía trasladar al exministro Juan Ramón Quintana a otro lugar para evitar que sea procesado.
