Choque de poderes entre la ALP y Gobierno por 10 leyes
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) no es de las mejores. Esto se refleja en la aprobación de normas que blindan a sectores afines al masismo, rechazo a leyes propuestas por la administración de Jeanine Áñez y, como nunca, la activación de interpelaciones y formación de comisiones investigativas.
Los dos principales poderes del Estado han chocado por al menos 10 leyes. Se trata de la ley de postergación de elecciones —que el Gobierno objetó—, la ley de reducción de alquileres, la ley de regulación del estado de excepción, la ley de 10 por ciento para salud y la ley del 12 por ciento de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para regiones. Estas últimas, paralizadas por la ALP. Además de la ley de uso excepcional de recursos IDH para gasto ordinario, la ley para que las universidades utilicen 50 por ciento de IDH para la crisis y tres leyes de préstamo de recursos internacionales.
“Primero, la norma (de garantías) fue rechazada por el Ejecutivo y promulgada por Eva Copa; ahora aprueban otra norma sobre la declaratoria de estado de excepción que busca limitar las acciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía a nombre de protección de los derechos humanos, pero además define que la Asamblea puede levantar esta medida”, explica la politóloga Patricia Velasco.
Además, cabe referir que la mayoría del MAS, junto a sectores afines, propició la aprobación de postergación de las elecciones y su desarrollo como máximo el 2 de agosto. Ésta también fue promulgada por Copa.
Pero extrañamente dio un giro en su definición, toda vez que, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara una reunión con diferentes actores políticos, el MAS sostiene que está con la salud y la vida por lo que acepta que los comicios se lleven adelante el 6 de septiembre.
Esta determinación también genera discrepancias. El Ejecutivo que pide al partido azul responsabilizarse por si el coronavirus se complica, y el MAS acusa a Áñez de buscar el prorroguismo.
Según el diputado Gonzalo Barrientos (UD), el MAS recurre a su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para desestabilizar y convulsionar al Gobierno con normas que buscan protección de sus afines, bloqueo a leyes de financiamiento y movilizaciones en diferentes regiones del país.
“Han paralizado el proyecto de ley que dispone designar el 10 por ciento del Presupuesto General para el sector de salud, así como el que suspende el recorte del 12 por ciento del IDH, para los Gobiernos subnacionales y las universidades estatales para la lucha contra el coronavirus, y no permite la devolución de los recursos acumulados”, dijo.
Sin respaldos
Al menos ocho proyectos de ley presentados por el Ejecutivo fueron rezagados por falta de documentación de respaldo legal y técnico.
“No nos pueden obligar, a la Comisión, a aprobar proyectos que ni siquiera tienen contratos, no podemos ser irresponsables en la Comisión, irresponsables con el pueblo. (…) No somos adivinos para poder aprobar este tipo de proyectos sin documentación pertinente”, justificó la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque (MAS).
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que el proyecto de ley de estado de excepción, aprobado por la Cámara de Senadores, busca que ninguna autoridad gubernamental pueda disponer de la Policía Boliviana y de las FFAA de manera discrecional.
“Lo único que nosotros queremos es que ningún Gobierno (…) pueda disponer alegremente de la Policía y de las FFAA como lo ha hecho este Gobierno transitorio; se tiene que cumplir la Constitución”, dijo.
ESTADO DE EXCEPCIÓN NO REQUIERE LEY ORDINARIA
REDACCIÓN CENTRAL
El constitucionalista José Luis Santistevan sostiene que la pretensión de la Asamblea Legislativa de regular mediante una ley ordinaria los estados de excepción es ilegal e ilegítimo.
“Los estados de excepción no sólo se dictan por cuestiones políticas, sino por cuestiones de conmoción o desastre natural”, indicó
Recuerda que el Presidente tiene como potestad privativa declarar, mediante decreto supremo, estado de excepción para proteger el Estado, su seguridad, la vida y los derechos fundamentales.
Santistevan explica que los estados de excepción se refieren en forma plural, porque se dicta una ley específica de acuerdo a la naturaleza de cada estado de excepción declarado.
“No corresponde dictar una ley ordinaria para regular el estado de excepción, porque la CPE ya establece el procedimiento y cada estado de excepción dictado por decreto debe ser aprobado por una ley extraordinaria.
La ley ordinaria que pretende aprobar el MAS destruye e irrespeta la institucionalidad de los órganos medulares como las FFAA y Policía Nacional”, dijo.
