Senkata: amplían la investigación en contra de exjefe de las FFAA
La Fiscalía de La Paz resolvió ampliar la investigación del caso Senkata en contra del excomandante en jefe de las FFAA Sergio Orellana, porque fue quien ordenó el operativo de despliegue de cisternas para sacar el combustible de la planta de YPFB rumbo al Estado Mayor en noviembre de 2019.
El exjefe militar, que se presume no se encuentra en el país, también es investigado por las 10 muertes en los conflictos en Huayllani (Sacaba) en noviembre de 2019.
El martes, la Fiscalía de La Paz informó que se emitió la imputación, por el caso Senkata, en contra del general en servicio pasivo Luis Fernando Valverde Ferrufino, quien en ese entonces se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Presumen que este militar ordenó el operativo de defensa de la planta, lo que ocasionó la muerte de unas 10 personas por heridas de bala.
Asimismo, se informó sobre la ampliación de la investigación contra los exministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de Defensa, Fernando López, y de Gobierno, Arturo Murillo, y contra el comandante de la unidad mecanizada en la planta, coronel Franko Suárez González
En el caso de Orellana, por el cargo que ocupaba habría firmado el plan de operaciones conjuntas de las FFAA y la Policía, para la intervención en Senkata, El Alto.
Según la documentación del caso, el plan de operaciones “Sebastián Pagador” dice que en el operativo personal de la FFAA no portaba armas letales y que acudieron al lugar con armas de fogueo y lanza gases. Cerca de 3 mil personas pretendían hacer explotar la planta de Senkata, esto habría ocasionado una catástrofe de considerable magnitud. La turba logró sacar y quemar dos vehículos en la avenida 6 de Marzo.
“Logramos dispersar a la turba con agentes químicos y fumígenos, con munición de fogueo y no letal, con el megáfono indicamos a la población que se retiren del lugar, llamamos al diálogo”, dice uno de los informes presentados por las FFAA.
A la fecha, sólo uno de los investigados fue imputado formalmente por el Ministerio Público, Valverde Ferrufino, el 4 de enero de 2021, y la audiencia de medidas cautelares —presencial— está agendada para el 12 de febrero.
El 26 de noviembre de 2020, Valverde Ferrufino brindó su declaración informativa ante la Fiscalía, ocasión en la que explicó que el 15 de noviembre de 2019 solicitó apoyo de un vehículo militar blindado para su traslado a la planta de Senkata, “con la finalidad de resguardar su vida”, ya que habría sido atacado por un grupo de aproximadamente 200 personas.
Fiscalía se ampara en la declaración de testigos
La imputación formal presentada por el Ministerio Público contra Luis Fernando Valverde Ferrufino, entonces responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y militar del servicio pasivo, se ampara en algunas declaraciones de testigos, en las que se apunta a Valverde como quien dio la orden para intervenir.
La declaración del teniente Jaime Felipe Terceros Nuñez, del 28 de noviembre de 2019, dice que recibieron órdenes del general Valverde, quien habría indicado que debían retomar la planta de Senkata, que habría sido atacada por un grupo enorme de personas afines al MAS.
“Nos dijo que ya había dos muertos”, señala el teniente en el extracto de la declaración plasmada en la imputación formal de la Fiscalía.
Además de los testimonios de algunos testigos, adjunta los certificados forenses de las 10 víctimas mortales y de los heridos, los informes proporcionados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en los que se establece que los muertos recibieron impactos de arma de fuego calibre 22.
Respecto de estas presuntas pruebas, la abogada de Valverde, Odaliz Mariño, explicó que esas declaraciones no figuran en el cuaderno de investigaciones, sobre los fallecidos, y reiteró que ni las FFAA ni la Policía portan armas calibre 22.
Piden anular la imputación
El general Luis Fernando Valverde refutó a la versión de la Fiscalía, a través de un incidente que presentó alegando que la versión del Ministerio Público carece de coherencia y secuencia lógica.
Observó que en la imputación se le acuse de estar al mando de oficiales y que hubiese intervenido como autor mediato, siendo que estaba en un cargo civil.
También señaló que en la imputación no se indica en qué momento o en qué forma hubiese ejercido presión para cometer los presuntos delitos, reiterando que un contingente militar responde con rigurosidad sólo a la cadena de mando.
