Fiscalía amplia investigación y convoca nuevamente a declarar al coronel Rojas y su esposa
El Ministerio Público amplió la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, y a su esposa Carla Rocío de la Torre, y los citó nuevamente para que declaren como sindicados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración de bienes y rentas y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, de no presentarse, se ordenará la aprehensión de estas personas.
El exjefe policial y su esposa deben presentarse la tarde de este miércoles en predios de la Fiscalía departamental de La Paz, a fin de presentar sus descargos para esclarecer el hecho que se investiga, según Gigavisión. Ayer, la Policía notificó con las citaciones en el domicilio de los implicados.
"En caso de incumplimiento se expedirá orden de aprehensión de acuerdo a la previsión legal contenida en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal", refiere ambas citaciones de la Fiscalía.
El fiscal Alexis Vilela informó que ayer se allanó el domicilio de Rojas y se secuestraron documentos y otros indicios materiales. También se recabó la declaración informativa, en calidad de testigo, de la cuidadora del lugar en relación al paradero del exjefe policial.
Según reportes preliminares, el coronel Rojas y su pareja habrían huido hacia Chile, en la gestión pasada, y estarían gestionando su asilo político. Vilela dijo que no se tiene información oficial sobre ese aspecto.
Sin embargo, "se está haciendo los requerimientos correspondientes para que a través de la vía diplomática se nos pueda informar si es que el señor Rojas tiene el asilo político o en su caso estaría haciendo ese trámite", precisó el fiscal.
Informó que el exjefe policial y su esposa ya fueron imputados por este caso e incluso llevó una audiencia de medidas cautelares, pero como no se presentaron, fueron declarados rebeldes y pesa sobre ellos un mandamiento de aprehensión.
El proceso fue abierto a denuncia de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), instancia que acusó a los sindicados por el movimiento sospechoso de más de seis millones de bolivianos en sus cuentas de banco.
