Ven que buscan anular a la Apdhb por acoger a indígenas y perseguidos políticos
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) es una de las pocas instituciones que logra poner freno a las vulneraciones del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las denuncias hasta instancias internacionales, coincidieron activistas.
Un grupo de afines al MAS, al mando de Edgar Salazar, ingresó, el viernes pasado, a la Asamblea, tomó sorpresivamente las instalaciones y desalojó a todos sus ocupantes.
El activista Franco Albarracín mencionó que, en los últimos años, trabajaron en la defensa de las comunidades indígenas de tierras bajas afectadas por proyectos de empresas estatales, “frenando así los intereses gubernamentales”.
Albarracín dijo que se centraron en el registro, elaboración de informes y denuncias en todos los ámbitos, nacional e internacional, sobre la persecución política ejercida por el MAS.
Recordó que se defendió de forma férrea al principal denunciante de las irregularidades en el Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, “quien, además, fue víctima de persecución judicial”.
La Asamblea también acogió a los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), desde el periodo de Franklin Gutiérrez, y ahora impulsa la defensa del dirigente César Apaza, actualmente recluido.
Albarracín aclaró que la Apdhb también está articulada a otras instituciones, como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). “La toma de la Asamblea es una estrategia para debilitar a la oposición al MAS”, sostuvo.
El responsable de Conade, Manuel Morales, señaló que la Asamblea no se presta a ser cómplice del poder político y mantiene su independencia. Por lo tanto, crear una Asamblea afín al Gobierno desnaturaliza su rol de defensa de los derechos humanos vulnerados por el mismo Gobierno. “Se propiciaría la impunidad”, alertó.
Activistas señalaron que es “un hecho” la toma de las instalaciones de la Apdhb porque está “digitada desde el Gobierno central”. Dijeron que la denuncia será elevada a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cuestionaron que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los ministerios de Gobierno y Justicia y la Policía facilitaron la toma de la Asamblea.
Además, exigieron sanciones por los delitos cometidos, como allanamiento a las instalaciones, robo, daños a la propiedad, vulneración al derecho al trabajo y otros.
La toma
En diciembre de 2021, las organizaciones afines al Gobierno se autoconvocaron a un congreso ordinario impulsado. En este se eligió a Edgar Salazar como el nuevo presidente de la Apdhb.
El 13 de agosto de 2022, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) anuló la representación legal de la Apdhb a Amparo Carvajal y la entregó a Édgar Salazar, sin ningún proceso administrativo ni civil de por medio.
En octubre de 2022, ya se conoció del compromiso de sanear los predios ocupados por la Asamblea.
