CIUDADANO X
El exministro de la presidencia y otrora “hombre fuerte” del régimen de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, dijo que “no será un blanco fácil” y que no se pondrá frente a ninguna “mira telescópica”, en alusión a sus conflictos con la facción gobernante del MAS y a las indagaciones de las que es objeto por la organización del reciente ciclo de bloqueos, donde se detectó armamento y lo que se podría calificar como una incipiente estructura preguerrillera.
Bajo la apariencia de algo deseable, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría estar regalándole a Bolivia un caramelo envenenado. Es decir, que en el envoltorio de la exclusión definitiva del reeleccionismo de Evo Morales, los que en rigor son exmagistrados del TCP han asumido funciones propias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso emitiendo criterios sobre quiénes pueden o no postular con base en otras gestiones distintas a la presidencial.
Evo Morales viene perdiendo batalla tras batalla desde febrero de 2016, cuando amplios sectores del país, sobre todo jóvenes de clase media, se articularon de una manera flexible y descentralizada a través de las plataformas ciudadanas, haciendo sinergia en redes y calles para decir NO a la reelección indefinida. De allí vendría su segunda derrota, en 2019, con una repulsa colectiva al fraude electoral.
“Si no hubiera sido por este movimiento político, el MAS-IPSP, tal vez en este momento estaríamos en una guerra interna, una lucha armada”. La frase pertenece a Evo Morales y fue pronunciada hace cinco meses. En el contexto actual, de múltiples bloqueos evistas con presencia de elementos armados, los dichos del expresidente pueden leerse más como una amenaza que como un diagnóstico, con esta posible traducción: “Devuélvanme el control del partido o desataré el caos”.
Además de constituir una grave confesión de parte, las declaraciones del exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, definiendo a los bloqueos que impulsa su sector político como “rituales que exigen sangre”, parecen confirmar lo comentado en una nota de marzo de este año, donde citábamos la “teología del crimen organizado” de la que habla el antropólogo mexicano Claudio Lomnitz.
En sólo 11 días, la República Oriental del Uruguay irá a la primera vuelta de sus elecciones generales, donde es previsible que la izquierda del Frente Amplio (FA) obtenga el lugar puntero, sin evitar el balotaje, instancia en la que los distintos partidos de la gobernante Coalición Republicana se unirían, equilibrando las chances de victoria, que puede favorecer a cualquiera de ambos bloques.
Bolivia comenzó un ciclo de inestabilidad política en el año 2000 con la llamada “Guerra del Agua”, proceso que luego continuaría con la “Guerra del Gas”, llevando al derrocamiento de un gobierno democrático y constitucional, e iniciando la era de regímenes masistas que se extiende hasta la actualidad, etapa caracterizada por el sistemático desmontaje de la institucionalidad republicana.
La salida del gabinete del ministro de Justicia, Iván Lima, mostró que existen líneas rojas que no deben cruzarse en la interna del masismo, al menos para los mentores autoritarios internacionales, que siguen viendo a Evo Morales como una ficha de utilidad.
La humareda de dinamitazos y pirotecnia, física y discursiva, desplegada por el evismo en su avance hacia La Paz (una pequeña “Marcha sobre Roma” del Mussolini del Chapare), quizás nos esté distrayendo de ciertos movimientos profundos, desplazamientos de placas tectónicas que van teniendo lugar al interior del partido de gobierno, sobre todo a medida que las opciones presidenciales más obvias del oficialismo se desgastan mutuamente y comienzan a surgir terceras y cuartas alternativas.
Mientras Bolivia busca cómo salir del pésimo sistema judicial basado en la elección popular de magistrados (donde la nueva votación de diciembre será apenas un mal menor frente a la auto prórroga indefinida de jueces), México se sumerge de cabeza en esa metodología fallida.