Cuando el medio ambiente no cuenta

Bien planificadas las cosas podría  pensarse en una absorción de la masa vegetal que conserve algo del verdor perdido en los nuevos barrios así abiertos o que reponga algo de la cobertura eliminada pero no; la lógica en otras ciudades que sugiere que el arbolado urbano aumenta el precio de los inmuebles no aplica en Cochabamba

Un artículo citado por Humberto Solares en su libro “Economía, sociedad y medio ambiente” relata cómo allá por el año 1884, un pionero de la defensa de la naturaleza, Augusto de Ugarte, señalaba en la prensa de aquella época (el Heraldo), el empecinamiento de los pobladores cochabambinos por deshacerse de bosques y árboles en el valle de Cochabamba, para la habilitación de tierras agrícolas. Un siglo y medio después seguimos segando árboles aunque esta vez para fines urbanos.

El “progreso” o la  “utilidad pública”  como justificación del desmonte, como señalaba De Ugarte prevalecía ya en las mentes en esa época como lo hace  hoy en un proceso que ha tocado  un punto de difícil retorno. Las contadas golondrinas que nos visitan, las ranitas verdes, las libélulas,  las luciérnagas y hasta los sapitos, entre tantos seres de la biodiversidad, proscritos de la zona metropolitana de Cochabamba, pueden dar fe.

El detonante de este fenómeno ha sido la conversión de las zonas agrícolas en zonas urbanas, que hoy al amparo de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, se pretende regularizar. La ley en cuestión, autoriza, cumplidos ciertos requisitos, la legalización de asentamientos en los territorios municipales, para lo cual otorga estatus urbano a zonas rurales en las que se verifique su existencia. Sin embargo, al ampliar la frontera urbana permite el parcelamiento de predios agrícolas para su uso residencial posibilitando su incorporación al mercado de tierras urbano, con total abstracción de consideraciones ambientales. No es casual que instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial, previstos por la legislación ambiental para ordenar la ocupación del espacio conciliando aspectos ambientales como biodiversidad, paisaje, cobertura vegetal, etc, con los demográficos o económicos, entre otros hayan sido completamente prescindidos.

 Las tristes secuelas de este desborde urbano están a la vuelta de la esquina. La explosión de  propiedades rurales en diminutas parcelas urbanas tiene como resultado inmediato la apertura de vías de acceso y permisos de construir, a solicitud de propietarios y dirigentes, en una  estrategia de valorización de los lotes, que se hace a costa de la destrucción de la masa arbórea existente y la biodiversidad. Bien planificadas las cosas podría pensarse en una absorción de la masa vegetal que conserve algo del verdor perdido en los nuevos barrios así abiertos o que reponga algo de la cobertura eliminada pero no; la lógica en otras ciudades que sugiere que el arbolado urbano aumenta el precio de los inmuebles no aplica en Cochabamba. La puesta en valor de los nuevos barrios pasa primordialmente por la apertura de calles y el desarrollo de servicios, no así por la conservación de los elementos naturales del entorno o el repoblamiento de la cobertura arbórea. El vivir bien de las clases emergentes ha sucumbido al encanto de edificios y cemento en patios y aceras, disputándole a las últimas vacas, prados y alfalfares, en ese efecto de demostración que asocia éxito económico con el tamaño de la vivienda que se posee.

Las presiones a las que están sometidos los administradores del bien común son enormes. Los municipios entre  indolentes y cómplices, conducen y alientan  el proceso de la mano de dirigentes vecinales y loteadores. Las unidades de Medio  Ambiente municipales lucen  débiles, subordinadas a las direcciones de planificación o a las de obras públicas, brazos operativos de muchas de las decisiones políticas de los alcaldes. Construir un polideportivo en un parque puede ser ciertamente más provechoso políticamente que proteger su arbolado como también puede serlo convertir tierras agrícolas en urbanas, para felicidad de vecindarios ávidos por rentabilizar el valor añadido de sus propiedades.

El autor es abogado, miembro del EPRI.