Lo público y lo privado

Ya quisiera ver el escándalo que armarían las bartolinas y demás, si estos acontecimientos hubieran ocurrido en los gobiernos de Banzer, Goni o Perico de los Palotes. También imagino la complicidad de algunos opositores si sus líderes se enlodaran en circunstancias similares

Coincido con los que consideran que la vida sexual es un asunto privado. Cómo se ejerce, cuándo, con cuántos/as, con quiénes, etc., si aquello no significa la violación de los derechos de otras personas, es problema de los involucrados. Por algo, las mujeres y las diversidades sexuales, entre otros sectores, seguimos batallando para que se deje de condicionar mediante imposiciones sociales sesgadas e inequitativas, el libre ejercicio de nuestra sexualidad.

Sin embargo, ¿cuándo una cuestión privada se transforma en tema de interés público?

El caso de Gabriela Zapata y Evo Morales abrió ésta y otras interrogantes.

En primer término, es cierto que la concepción y cuidado de los hijos es una decisión privada que sólo debería concernir al padre y madre. Empero, al ser Bolivia un país en el que se dan numerosos y alarmantes hechos de irresponsabilidad paterna, desde el feminismo se ha luchado arduamente en la generación de leyes que amparen a las mujeres que, una vez embarazadas, se ven abandonadas por sus consortes como si los vástagos fueran concebidos por el “espíritu santo”. En esos casos, lo público interviene para regular una situación de disparidad e injusticia que, al ser frecuente, se transmuta en un problema social.

En segundo lugar, es de implicancia pública la relación del Presidente y su exnovia si ello, supuestamente, conllevó tráfico de influencias. No puede ser casual que la aludida, sin mayores méritos, aparezca a la cabeza de empresas que se han adjudicado contratos millonarios con el Estado boliviano, además a través de procedimientos de dudosa idoneidad. En un país que históricamente se ha caracterizado por la ausencia de institucionalidad en la administración de los bienes y recursos del Estado, el que los paladines del “cambio” incurran en las mismas prácticas, obviamente, vulnera los intereses colectivos.

Tercero, la cuestión se convierte en más pública todavía, si deriva en tal abuso de poder, que se utilizan, de la forma más cínica e impune, los aparatos del Estado para lavar la imagen de las principales autoridades envueltas en esta trama. En ese sentido, llama la atención la virulencia de los representantes del Gobierno al responsabilizar únicamente a la expareja del Presidente por los platos rotos. Dice mucho del régimen, el que se ponga a autoridades e instituciones estatales al servicio de tratar de “arreglar” o “maquillar” las metidas de pata “privadas” del Primer Mandatario.

Por último, es escalofriante la falta de un mínimo de autocrítica en las esferas del Gobierno y de la oposición partidaria. Porque este culebrón sacó a relucir (en moros y cristianos) lo más sórdido de una cultura política machista, misógina, abusiva, corrupta y llena de mañas y praxis nocivas. No obstante, es notable el silencio encubridor o la defensa de lo indefendible, por ejemplo, de las autoproclamadas “feministas” oficialistas. Ni qué decir de los abanderados/as en la denuncia de actos de corrupción de regímenes pasados, pero que callan o intentan tapar lo que acaece en la gestión actual. Ya quisiera ver el escándalo que armarían las bartolinas y demás, si estos acontecimientos hubieran ocurrido en los gobiernos de Banzer, Goni o Perico de los Palotes. Por otra parte, también imagino la complicidad de algunos opositores si sus líderes se enlodaran en circunstancias similares.

Mientras tanto, los ciudadanos “comunes y corrientes”, inermes e impotentes, podemos colocar lo que sucedió con la laguna Alalay o el lago Poopó, como metáfora de los destinos colectivos. Si nuestra supervivencia y bienestar dependiera de las acciones u omisiones de los que detentan y/o aspiran al poder, estaríamos condenados a una muerte lenta y agonizante.

La autora es socióloga.