¿Calvario?

A que está preocupado por lo que se dice que pasa en el mundo, por cómo le va afectar al bolsillo el incremento del costo del gas para el uso industrial recién decretado por las autoridades, si se construye o no una carretera por el Tipnis, la justicia, la seguridad ciudadana.

Son tantos los problemas que quizás poca atención le dio a la noticia de que la Gestora Pública ha gastado bastante dinero en organizarse. Tal vez si captó que hubo revuelo por el alto salario que se paga a consultores, o por el monto que se desembolsó para la compra del sistema de computación que hará posible el manejo adecuado de los aportes de los trabajadores.

Sabe, este tema que quizás ahora le parezca lejano, es más que cercano pues de cómo se maneje esa entidad pública que reemplazará a las actuales, privadas, dependerá que su jubilación sea un beneficio y no un calvario a soportar durante los últimos años de su vida.

Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, los de los jubilados, deberían preocuparse más por lo que se viene, por poner cerrojos y salvaguardas para que haya una correcta inversión de los recursos de los aportantes, que en el monto de los salarios. Deberían preocuparse por el sistema de computación, no tanto por su costo y si por su fiabilidad, porque este sea capaz de unificar dos modelos diferentes. Deberían preguntarse y pedir respuesta por qué no se compró uno de las actuales AFPs; pues quizás hubiese salido más económico y de menor complejidad la adaptación.

Sabe, son 97.220,3 millones de bolivianos los que hay en el Sistema Integrado de Pensiones. No es poca cosa. A cualquier gobierno, máxime si es populista, le va interesar tenerlo bajo su poder y mejor si nadie le controla su uso. Y del buen manejo, de la correcta inversión, de la transparencia de la información, va depender – en mucho- que los actuales jubilados mantengan su renta, su capacidad de compra, y que los que vienen obtengan una de acuerdo a lo planificado.

Por ello, es que los dirigentes de los trabajadores en activo, de los jubilados, deben fijar prioridades para no ir tras las migas y si al meollo del asunto. Eso implica saber cuánto es la deuda del Estado a las AFPs, si se cumple con los plazos. Asimismo, el monto adeudado por las empresas privadas, tanto por préstamos como por aportes que corresponden a sus dependientes. Deben revisar a detalle la ley y su reglamento, pues no puede existir un mínimo resquicio que permita echar mano de esos recursos para bonos, para proyectos faraónicos, para proyectos que tan sólo sirven para bien logrados spots que loan a jerarcas pero que no dan réditos financieros.

Son 1,9 millones de compatriotas que aportan, son casi 106 mil jubilados los que esperan su renta cada mes, por ahora. Y estos últimos están acostumbrados, fueron bien acostumbrados, a recibirla en la fecha adecuada. Eso se debe garantizar, y sólo se lo logrará si el sistema de control es fuerte, si el responsable de la Gestora Pública es un profesional responsable, técnico, antes que un operador político. Pero también con representantes de los interesados que reúnan las mismas condiciones, sobre la base de una sólida formación ética y valor civil que les permita decir no cuando alguien quiera librarse de algún apuro a costa del dinero que es privado. No son recursos del Tesoro General de la Nación.

Si los millones que hay en custodia de las AFPs llegaron a la cantidad mencionada es porque hubo un buen manejo, control, que pudo haber sido mejor, que la reforma debió incorporar algunas disposiciones, tal vez, pero no hay duda que se debe mantener lo bueno y disminuir los riesgos de este modelo que deja en manos de uno todo el sistema.

El autor es periodista.